Acceso a la información en el Poder Judicial

Desde hace unos días no es posible buscar por partes los expedientes en trámite en el poder judicial. La pestaña que permitía acceso a esta información con distintas variables remite solo a número de expediente. Con lo cual si uno no conoce el número de expediente no pude localizar un caso, tampoco es posible ver si tal o cual empresa tiene n demandas en un fuero determinado.

El tema se debatió en Twitter. Unos días después, la misma página cambió el mensaje y en vez de remitir a la solapa de búsqueda por número de expediente explicaba que “Momentáneamente, por mejoras en la aplicación, realice su búsqueda por medio de la solapa Consulta Por Expediente.”

 

El PJN informó que esto era temporario. Esto resalta cómo un cambio, mejora, suspensión temporaria o desperfecto en el software puede afectar el acceso a la información pública. Estamos acostumbrados a usar buscadores en la web para acceder a la información, y cuando no los tenemos sentimos que el acceso a la información fuer cercenado. Ya no es posible volver a búsquedas manuales y en muchos casos eses búsquedas analógicas no son posibles.

Comentario a la Resolución 5-E/2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública

Hoy se publica en el BO la Resolución 5-E/2018 mediante la cual la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) crea un procedimiento interno para compatibilizar los casos de acceso a la información púbica y protección de datos personales.

Los considerandos de esta norma explican el posible conflicto entre ambas areas que es muy claro pero que se soluciona con una interpretación armónica de ambos derechos.

Por una parte la ley de acceso a la información pública, tiene por objeto “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública en Argentina” (art. 1, ley n. 27.275). Por la otra la ley de Protección de Datos Personales tiene por objeto “la protección integral de los datos personales asentados en … bancos de datos … para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas… conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional” (artículo 1, ley 25.326).

La ley de acceso a la información pública además creó la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se trata de un ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros con el objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

A su vez a fines del 2017 (Decreto N°899 del 3 de noviembre de 2017) el gobierno unificó las áreas de protección de datos personales (que estaba en el Ministerio de Justicia) y acceso a la información publica bajo un único organismo, la AAIP. Desde entonces la AAIP funciona con dos direcciones: una de protección de datos personales y otra de acceso a la información publica (Decisión Administrativa 1002 del 15 de noviembre de 2017). Esto además refleja las numerosas experiencias en el derecho comparado (reseñadas en los considerandos de la Resolución que comentamos) como las de Australia, Alemania, México y el Reino Unido, entre otras, que diseñaron organismos reguladores que concentran el control, tanto del acceso a la información pública como de la protección de datos personales, en un solo organismo.

Los considerandos de la norma explican que el principio general que rige es la presunción de publicidad de la información en poder de los organismos públicos, lo cual está expresamente previsto en la ley y reconocido en la jurisprudencia argentina.

Pero también recuerdan los considerandos que hay excepciones al acceso completo de datos personales y en tal sentido los considerandos citan la excepción de privacidad prevista en la ley y su decreto reglamentario.

– la Ley N° 27.275 prevé como una de las limitaciones al acceso a la información pública a aquella información que “contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias” (artículo 8°, inciso i).

– el decreto reglamentario estableció, en lo que respecta al inciso i), que “la excepción será inaplicable cuando el titular del dato haya prestado consentimiento para su divulgación; o cuando de las circunstancias del caso pueda presumirse que la información fue entregada por su titular al sujeto obligado con conocimiento de que la misma estaría sujeta al régimen de publicidad de la gestión estatal; o cuando los datos estén relacionados con las funciones de los funcionarios públicos.

– asimismo, los sujetos obligados no podrán invocar esta excepción si el daño causado al interés protegido es menor al interés público de obtener la información” (artículo 8°, inciso i) del Anexo I del Decreto N° 206 del 27 de marzo de 2017).

Luego de enumerar estas normas, los considerandos de la Resolución, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre armominzación de derechos concluye que tanto los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales deben ser ejercidos y protegidos de manera armónica. Se concluye que e “que en caso que exista conflicto entre ambos derechos deben aplicarse criterios de proporcionalidad para garantizar y proteger a cada uno de dichos derechos basados en el interés que los justifica” (Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información en Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos).

Se cita asimismo a la Red Iberoamericana de Protección de Datos que sostuvo en un documento del año 2015: “no existe a priori una verdadera colisión, pugna, o conflicto, por lo que no debiera dirigirse la tensión a una realidad iusfilosófica previa, sino más bien, es necesario que las autoridades administrativas competentes, … resuelvan de manera armónica ad casum de la cuestión” (Red IPD, El acceso a la información pública y la protección de los datos personales, México, 4 de noviembre de 2005). Es decir resulta claro que se va a resolver caso por caso, como lo viene haciendo la jurisprudencia y por lo tanto esta norma no resuelve temas de fondo sino de procedimiento interno.

Luego de estas explicaciones la norma en comentario dispone reglas para establecer los mecanismos a implementar ante una posible colisión de estos derechos.

Estas reglas son las siguientes:

  • en los reclamos por incumplimiento previstos en la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, que afecten o potencialmente puedan afectar la protección de datos personales, debe intervenir la DNDP con la finalidad de que esa Dirección emita un informe respecto al caso particular (art. 1).
  • en las actuaciones vinculadas a la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, debe intervenir la DNAIP cuando las mismas pudiesen constituir solicitudes de información pública, con la finalidad de que esa Dirección emita un informe respecto al caso particular  (art. 2).
  • en caso de controversia total o parcial entre los informes producidos como consecuencia de las intervenciones referidas en los artículos precedentes, el Director de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA deberá resolver de manera fundada, debiendo especificar las razones que motivaron la adopción o apartamiento de los informes previamente producidos por las Direcciones Nacionales de cada temática.

La norma nos parece positiva, sobre todo teniendo en cuenta que en el pasado, el anterior gobierno había usado los datos personales como una excusa para para no cumplir con la ley de acceso a la información pública (mas allá de la buena fe en la interpretación de las normas vigentes que pudo haber tenido algún funcionario). En tal sentido se había denegado el acceso a la información claramente pública de contratos administrativos públicos, del sueldo de la Presidenta, de listados de subsidios, o de legajos de sociedades en casos de corrupción administrativa siempre invocando la ley de datos personales. Esta norma apunta a que esos abusos no ocurran mas a futuro.

Resolución 5-E/2018 de la AAIP

Hoy se publica en el BO una norma de la AAIP sobre el procedimiento para evitar conflictos entre pedidos de acceso a la información pública y datos personales.

Texto completo de la norma

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución 5-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2018

VISTO el EX-2018-02813107-APN-AAIP, la Ley N° 27.275, la Ley N° 25.326, el Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001, el Decreto Nº 206 del 27 de marzo de 2017, el Decreto Nº 746 del 25 de septiembre de 2017 y el Decreto Nº 899 del 3 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275, tiene por objeto “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública en Argentina” (artículo 1°).

Que dicha norma creó la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros con el objeto de “velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la [Ley N° 27.275] garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326” (artículo 19 de la Ley N° 27.275, modificatorios y complementarios).

Que la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 tiene por objeto “la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional” (artículo 1°).

Que el Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001, reglamentario de la Ley N° 25.326, creó la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ASUNTOS LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, como órgano de control de la mencionada ley (Anexo I, artículo 29).

Que el Decreto N°899 del 3 de noviembre de 2017 sustituyó el artículo 29 del Anexo I del Decreto Nº 1558/01, estableciendo que “la Agencia de Acceso a la Información Pública, conforme los términos del artículo 19 de la Ley N° 27.275, sustituido por el artículo 11 del Decreto N° 746/17, es el órgano de control de la Ley Nº 25.326” (artículo 1°).

Que dada la relevancia de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, es indispensable establecer un diseño institucional suficiente para garantizar su protección y ejercicio de manera adecuada.

Que para ello es necesario constituir instituciones dotadas de garantías de independencia para el cumplimiento de sus obligaciones de control.

Que existen en el mundo numerosas experiencias en el derecho comparado como las de Australia, Alemania, México y el Reino Unido, entre otras, que diseñaron oficinas que concentran el control, tanto del acceso a la información pública como de la protección de datos personales, en un solo organismo.

Que a modo de ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México tiene entre sus objetivos principales el de Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. (disponible en http://inicio.inai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx, última fecha de consulta 12/1/2018).

Que teniendo presente que el principio general que rige es la presunción de publicidad de la información en poder de los organismos públicos, es dable recordar que las normas que legislan la materia deben tener un régimen limitado de excepciones basadas en la protección de otros derechos o intereses, en las que se pueden identificar a aquellas en virtud de la protección de un interés general superior – ejemplo: Seguridad nacional- o la protección de particulares y su intimidad.

Que en este sentido la Ley N° 27.275 prevé como una de las limitaciones al acceso a la información pública a aquella información que “contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias” (artículo 8°, inciso i).

Que su decreto reglamentario estableció, en lo que respecta al inciso i), que “la excepción será inaplicable cuando el titular del dato haya prestado consentimiento para su divulgación; o cuando de las circunstancias del caso pueda presumirse que la información fue entregada por su titular al sujeto obligado con conocimiento de que la misma estaría sujeta al régimen de publicidad de la gestión estatal; o cuando los datos estén relacionados con las funciones de los funcionarios públicos. Asimismo, los sujetos obligados no podrán invocar esta excepción si el daño causado al interés protegido es menor al interés público de obtener la información” (artículo 8°, inciso i) del Anexo I del Decreto N° 206 del 27 de marzo de 2017).

Que por lo tanto los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales deben ser ejercidos y protegidos de manera armónica.

Que en caso que exista conflicto entre ambos derechos deben aplicarse criterios de proporcionalidad para garantizar y proteger a cada uno de dichos derechos basados en el interés que los justifica (Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información en Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos).

Que para resolver en esos casos y determinar el interés superior a ser protegido debe existir una autoridad en el ámbito de la Administración Pública que resuelva de manera fundada y motivada.

Que como ha dicho la Red Iberoamericana de Protección de Datos “no existe a priori una verdadera colisión, pugna, o conflicto, por lo que no debiera dirigirse la tensión a una realidad iusfilosófica previa, sino más bien, es necesario que las autoridades administrativas competentes, … resuelvan de manera armónica ad casum de la cuestión” (Red IPD, El acceso a la información pública y la protección de los datos personales, México, 4 de noviembre de 2005, disponible en http://www.redipd.es/actividades/encuentros/IV/common/mexico_acceso_definitivo.pdf).

Que el actual diseño institucional de la Agencia de Acceso a la Información se ajusta a estándares internacionales, cumpliendo con las garantías de independencia y autonomía del organismo para el desarrollo de sus obligaciones.

Que, asimismo, a través de la Decisión Administrativa N° 1002 del 15 de noviembre de 2017 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel, quedando la Agencia de Acceso a la Información Pública conformada por 3 Direcciones: Dirección de Acceso a la Información Pública, Dirección de Protección de Datos Personales y Dirección de Informática e Innovación, siendo las dos primeras Direcciones Nacionales de igual jerarquía.

Que en concordancia con este diseño institucional es indispensable contar con reglas para establecer los mecanismos a implementar ante una posible colisión de derechos, a efectos de llevar adelante una correcta ponderación y protección de ellos.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS Y ADMINISTRACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete, en los términos del artículo 6° de la Decisión Administrativa N° 1002 del 15 de noviembre de 2017.

Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ha tomado debida intervención.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 19 y 24 de la Ley N° 27.275, modificatorios y complementarios.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese como procedimiento interno de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, la obligatoriedad de la intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DATOS PERSONALES, dependiente de la misma, en los reclamos por incumplimiento previstos en la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, que afecten o potencialmente puedan afectar la protección de datos personales, con la finalidad de que esa Dirección emita un informe respecto al caso particular, el que será incorporado al Expediente Electrónico generado.

ARTÍCULO 2º.- Establécese como procedimiento interno de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, la obligatoriedad de la intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, dependiente de la misma, en las actuaciones vinculadas a la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, cuando las mismas pudiesen constituir solicitudes de información pública, con la finalidad de que esa Dirección emita un informe respecto al caso particular, el que será incorporado al Expediente Electrónico generado.

ARTÍCULO 3º.- En caso de controversia total o parcial entre los informes producidos como consecuencia de las intervenciones referidas en los artículos precedentes, el Director de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA deberá resolver de manera fundada, debiendo especificar las razones que motivaron la adopción o apartamiento de los informes previamente producidos por las Direcciones Nacionales de cada temática.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Eduardo Andrés Bertoni.

e. 05/02/2018 N° 6202/18 v. 05/02/2018

Fecha de publicación 05/02/2018

Unifican protección de datos y acceso a la información en un solo organismo

Mediante el dictado de varias normas y decretos el gobierno Unificó los organismos de protección de datos (DNPDP) y acceso a la información pública (AAIP) en una sola dependencia.

Las normas:

 

  • Decreto 685/2017 – designa a Eduardo Bertoni como director de la AAIP.
  • Decreto 746/17 – se modificaron las funciones y competencias de la Agencia de Acceso a la Información agregando protección de datos personales.
  • Decreto

Bertoni como director de la Agencia de acceso a la información pública

El Gobierno nacional oficializó hoy la designación de Eduardo Bertoni como director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, luego de que el pliego de su nombramiento fuera aprobado en una audiencia pública celebrada el pasado 17 de agosto.

El hasta ahora titular de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia estará al frente del cargo durante cinco años, con rango y jerarquía de secretario.

Así lo establece el decreto 685/2017, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en cuya órbita está la Agencia de Acceso a la Información Pública, creada en el marco de la ley de Acceso a la Información Pública.

Este ente autárquico debe velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la ley Nº 27.275.

En los considerandos del decreto de designación se remarca que Bertoni “cumple con los requisitos exigidos para el desempeño del cargo referido y no se encuentra incurso en las incompatibilidades establecidas en el artículo 23 de la Ley N°D27.275, ni se ha desempeñado en el transcurso de los cinco años anteriores en cargos electivos o partidarios”.

Doctor en Derecho de la UBA, el flamante director de la Agencia de Acceso a la Información Pública es fundador y ex director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.

Además, fue director de la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede Washington, y entre 2002 y 2005 fue el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Organización de Estados Americanos (OEA).

El PEN reglamentó la ley de acceso a la información pública

El PEN reglamentó la ley de acceso a la información pública mediante un decreto. En el Boletín Oficial del 28 de marzo de 2017 se ha publicado el Decreto 206/2017. Los aspectos mas interesantes son los relativos a las excepciones del art. 8.

Decreto 206/2017. Apruébase reglamentación. Ley Nº 27.275.

Ciudad de Buenos Aires, population health 27/03/2017. VISTO el Expediente N° EX-2016-05053914-APN-SECAPEI#MI del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública, y

CONSIDERANDO:

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Refoman el decreto 1172

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Decreto 79/2017

Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, patient sales 30/01/2017

VISTO el Expediente N° EX-2016-05012645-APN-SECAPEI#MI, viagra sale syringe la Ley N° 27.275 y los Decretos Nros. 1172 del 3 de diciembre de 2003 y 117 del 12 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1°, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo —que establece nuevos Derechos y Garantías— y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.

 

Que la Ley N° 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, basándose en los principios de igualdad, celeridad procesal, transparencia y máxima divulgación, entre otros.

Que la mencionada ley introduce nuevos criterios respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que implican un avance en comparación con el REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003.

Que por el Decreto N° 117 del 12 de enero de 2016 se estableció que los Ministerios, Secretarías y organismos desconcentrados y descentralizados dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL debían elaborar un “Plan de Apertura de Datos”, basado en el derecho a buscar y recibir información, consagrado en múltiples instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19.2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13.1.).

Que en ese sentido, resulta imperioso actualizar el texto del Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 a las prescripciones establecidas en la Ley N° 27.275 de acceso a la información pública, a los efectos de compatibilizarlo con ella durante el período de su vigencia, como así también asegurar la compatibilidad del Plan de Apertura de Datos estipulado por el Decreto N° 117 del 12 de enero de 2016, con la normativa sobre acceso a la información.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

El PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el artículo 1° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1°.- OBJETO.- El objeto del presente Reglamento es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, estableciendo un marco general para su desenvolvimiento”.

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el artículo 2° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Son sujetos obligados a brindar información pública en el marco del presente reglamento:
a) La Administración Pública Nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;
b) Las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
c) Las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación estatal;
d) Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual;
e) Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional;
f) Fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional;
g) Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios que tengan por objeto la cooperación técnica o financiera con organismos estatales;
h) El Banco Central de la República Argentina;
i) Los entes interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga participación o representación;
j) Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente.”

ARTÍCULO 3° — Sustitúyese el artículo 5° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 5°.- ALCANCES.- El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.
Se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados del artículo 2° del presente reglamento y debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligados a procesarla o clasificarla.
A los efectos del presente, se entiende por:
a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados generen, obtengan, transformen, controlen o custodien;
b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado por los sujetos obligados independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial.”

ARTÍCULO 4° — Sustitúyese el artículo 7° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 7°.- PRINCIPIOS.- El mecanismo de Acceso a la Información Pública debe garantizar el respeto de los principios de: presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, facilitación y buena fe.”

ARTÍCULO 5° — Sustitúyese el artículo 12 del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 12.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN. RESPUESTA.- La solicitud de información debe ser presentada ante el sujeto obligado que la posea o se presuma que la posee, quien la remitirá al responsable de acceso a la información pública. La solicitud podrá realizarse por escrito o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad a excepción de la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto del solicitante, a los fines de enviarle la información solicitada o anunciarle que está disponible.
El sujeto que recibiere la solicitud de información le entregará o remitirá al solicitante una constancia del trámite.
Si la solicitud se refiere a información pública que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá, dentro del plazo improrrogable de CINCO (5) días, computado desde la presentación a quien la posea, e informará de esta circunstancia al solicitante.
Toda solicitud de información pública requerida en los términos del presente debe ser satisfecha en un plazo no mayor de QUINCE (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros QUINCE (15) días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada. En su caso, el sujeto requerido debe comunicar fehacientemente por acto fundado y antes del vencimiento las razones por las que hace uso de tal prórroga.”

ARTÍCULO 6° — Sustitúyese el artículo 16 del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 16.- EXCEPCIONES.- Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:
a) información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior;
b) información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;
c) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado;
d) información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial;
e) información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;
f) información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se refieran a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de su funcionamiento;
g) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;
h) información protegida por el secreto profesional;
i) información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y sus modificatorias;
j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;
k) información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales;
l) información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación;
m) información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.
Las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.”

ARTÍCULO 7° — Sustitúyese el artículo 17 del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 17.- INFORMACIÓN PARCIAL. Los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma completa. Cuando exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo 16 del presente reglamento, deberá suministrarse el resto de la información solicitada, utilizando sistemas de tachas.”

ARTÍCULO 8° — Incorpórase como artículo 20 al REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el siguiente texto:
“ARTÍCULO 20.- RESPONSABLES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.- Cada uno de los sujetos obligados deberá nombrar a un responsable de acceso a la información pública que deberá tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dentro de su jurisdicción.”

ARTÍCULO 9° — Incorpórase como artículo 21 al REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el siguiente texto:
“ARTÍCULO 21. – FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Serán funciones de los responsables de acceso a la información pública, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones:
a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información pública, remitiendo la misma al funcionario pertinente;
b) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública;
c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública;
d) Brindar asistencia a los solicitantes en la elaboración de los pedidos de acceso a la información pública y orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran poseer la información requerida;
e) Promover prácticas de transparencia en la gestión pública y de publicación de la información;
f) Informar y mantener actualizadas a las distintas áreas de la jurisdicción correspondiente sobre la normativa vigente en materia de guarda, conservación y archivo de la información y promover prácticas en relación con dichas materias, con la publicación de la información y con el sistema de procesamiento de la información; y
g) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta implementación del presente reglamento.”

ARTÍCULO 10. — El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11. — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Rogelio Frigerio.

Continuá leyendo Refoman el decreto 1172

Reforman la ley 104 de acceso a la información de la CABA – ley 5784

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Decreto 79/2017

Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, patient sales 30/01/2017

VISTO el Expediente N° EX-2016-05012645-APN-SECAPEI#MI, viagra sale syringe la Ley N° 27.275 y los Decretos Nros. 1172 del 3 de diciembre de 2003 y 117 del 12 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1°, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo —que establece nuevos Derechos y Garantías— y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.

 

Que la Ley N° 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, basándose en los principios de igualdad, celeridad procesal, transparencia y máxima divulgación, entre otros.

Que la mencionada ley introduce nuevos criterios respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que implican un avance en comparación con el REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003.

Que por el Decreto N° 117 del 12 de enero de 2016 se estableció que los Ministerios, Secretarías y organismos desconcentrados y descentralizados dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL debían elaborar un “Plan de Apertura de Datos”, basado en el derecho a buscar y recibir información, consagrado en múltiples instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19.2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13.1.).

Que en ese sentido, resulta imperioso actualizar el texto del Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 a las prescripciones establecidas en la Ley N° 27.275 de acceso a la información pública, a los efectos de compatibilizarlo con ella durante el período de su vigencia, como así también asegurar la compatibilidad del Plan de Apertura de Datos estipulado por el Decreto N° 117 del 12 de enero de 2016, con la normativa sobre acceso a la información.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

El PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el artículo 1° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1°.- OBJETO.- El objeto del presente Reglamento es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, estableciendo un marco general para su desenvolvimiento”.

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el artículo 2° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Son sujetos obligados a brindar información pública en el marco del presente reglamento:
a) La Administración Pública Nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;
b) Las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
c) Las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación estatal;
d) Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual;
e) Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional;
f) Fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional;
g) Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios que tengan por objeto la cooperación técnica o financiera con organismos estatales;
h) El Banco Central de la República Argentina;
i) Los entes interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga participación o representación;
j) Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente.”

ARTÍCULO 3° — Sustitúyese el artículo 5° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 5°.- ALCANCES.- El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.
Se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados del artículo 2° del presente reglamento y debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligados a procesarla o clasificarla.
A los efectos del presente, se entiende por:
a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados generen, obtengan, transformen, controlen o custodien;
b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado por los sujetos obligados independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial.”

ARTÍCULO 4° — Sustitúyese el artículo 7° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 7°.- PRINCIPIOS.- El mecanismo de Acceso a la Información Pública debe garantizar el respeto de los principios de: presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, facilitación y buena fe.”

ARTÍCULO 5° — Sustitúyese el artículo 12 del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 12.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN. RESPUESTA.- La solicitud de información debe ser presentada ante el sujeto obligado que la posea o se presuma que la posee, quien la remitirá al responsable de acceso a la información pública. La solicitud podrá realizarse por escrito o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad a excepción de la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto del solicitante, a los fines de enviarle la información solicitada o anunciarle que está disponible.
El sujeto que recibiere la solicitud de información le entregará o remitirá al solicitante una constancia del trámite.
Si la solicitud se refiere a información pública que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá, dentro del plazo improrrogable de CINCO (5) días, computado desde la presentación a quien la posea, e informará de esta circunstancia al solicitante.
Toda solicitud de información pública requerida en los términos del presente debe ser satisfecha en un plazo no mayor de QUINCE (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros QUINCE (15) días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada. En su caso, el sujeto requerido debe comunicar fehacientemente por acto fundado y antes del vencimiento las razones por las que hace uso de tal prórroga.”

ARTÍCULO 6° — Sustitúyese el artículo 16 del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 16.- EXCEPCIONES.- Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:
a) información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior;
b) información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;
c) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado;
d) información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial;
e) información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;
f) información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se refieran a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de su funcionamiento;
g) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;
h) información protegida por el secreto profesional;
i) información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y sus modificatorias;
j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;
k) información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales;
l) información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación;
m) información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.
Las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.”

ARTÍCULO 7° — Sustitúyese el artículo 17 del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 17.- INFORMACIÓN PARCIAL. Los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma completa. Cuando exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo 16 del presente reglamento, deberá suministrarse el resto de la información solicitada, utilizando sistemas de tachas.”

ARTÍCULO 8° — Incorpórase como artículo 20 al REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el siguiente texto:
“ARTÍCULO 20.- RESPONSABLES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.- Cada uno de los sujetos obligados deberá nombrar a un responsable de acceso a la información pública que deberá tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dentro de su jurisdicción.”

ARTÍCULO 9° — Incorpórase como artículo 21 al REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el siguiente texto:
“ARTÍCULO 21. – FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Serán funciones de los responsables de acceso a la información pública, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones:
a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información pública, remitiendo la misma al funcionario pertinente;
b) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública;
c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública;
d) Brindar asistencia a los solicitantes en la elaboración de los pedidos de acceso a la información pública y orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran poseer la información requerida;
e) Promover prácticas de transparencia en la gestión pública y de publicación de la información;
f) Informar y mantener actualizadas a las distintas áreas de la jurisdicción correspondiente sobre la normativa vigente en materia de guarda, conservación y archivo de la información y promover prácticas en relación con dichas materias, con la publicación de la información y con el sistema de procesamiento de la información; y
g) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta implementación del presente reglamento.”

ARTÍCULO 10. — El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11. — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Rogelio Frigerio.

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Congreso nacional aprueba ley de acceso a la información pública – Ley 27275

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Decreto 79/2017

Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, patient sales 30/01/2017

VISTO el Expediente N° EX-2016-05012645-APN-SECAPEI#MI, viagra sale syringe la Ley N° 27.275 y los Decretos Nros. 1172 del 3 de diciembre de 2003 y 117 del 12 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1°, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo —que establece nuevos Derechos y Garantías— y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.

 

Que la Ley N° 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, basándose en los principios de igualdad, celeridad procesal, transparencia y máxima divulgación, entre otros.

Que la mencionada ley introduce nuevos criterios respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que implican un avance en comparación con el REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003.

Que por el Decreto N° 117 del 12 de enero de 2016 se estableció que los Ministerios, Secretarías y organismos desconcentrados y descentralizados dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL debían elaborar un “Plan de Apertura de Datos”, basado en el derecho a buscar y recibir información, consagrado en múltiples instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19.2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13.1.).

Que en ese sentido, resulta imperioso actualizar el texto del Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 a las prescripciones establecidas en la Ley N° 27.275 de acceso a la información pública, a los efectos de compatibilizarlo con ella durante el período de su vigencia, como así también asegurar la compatibilidad del Plan de Apertura de Datos estipulado por el Decreto N° 117 del 12 de enero de 2016, con la normativa sobre acceso a la información.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

El PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el artículo 1° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1°.- OBJETO.- El objeto del presente Reglamento es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, estableciendo un marco general para su desenvolvimiento”.

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el artículo 2° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Son sujetos obligados a brindar información pública en el marco del presente reglamento:
a) La Administración Pública Nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;
b) Las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
c) Las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación estatal;
d) Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual;
e) Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional;
f) Fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional;
g) Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios que tengan por objeto la cooperación técnica o financiera con organismos estatales;
h) El Banco Central de la República Argentina;
i) Los entes interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga participación o representación;
j) Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente.”

ARTÍCULO 3° — Sustitúyese el artículo 5° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 5°.- ALCANCES.- El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.
Se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados del artículo 2° del presente reglamento y debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligados a procesarla o clasificarla.
A los efectos del presente, se entiende por:
a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados generen, obtengan, transformen, controlen o custodien;
b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado por los sujetos obligados independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial.”

ARTÍCULO 4° — Sustitúyese el artículo 7° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 7°.- PRINCIPIOS.- El mecanismo de Acceso a la Información Pública debe garantizar el respeto de los principios de: presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, facilitación y buena fe.”

ARTÍCULO 5° — Sustitúyese el artículo 12 del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 12.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN. RESPUESTA.- La solicitud de información debe ser presentada ante el sujeto obligado que la posea o se presuma que la posee, quien la remitirá al responsable de acceso a la información pública. La solicitud podrá realizarse por escrito o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad a excepción de la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto del solicitante, a los fines de enviarle la información solicitada o anunciarle que está disponible.
El sujeto que recibiere la solicitud de información le entregará o remitirá al solicitante una constancia del trámite.
Si la solicitud se refiere a información pública que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá, dentro del plazo improrrogable de CINCO (5) días, computado desde la presentación a quien la posea, e informará de esta circunstancia al solicitante.
Toda solicitud de información pública requerida en los términos del presente debe ser satisfecha en un plazo no mayor de QUINCE (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros QUINCE (15) días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada. En su caso, el sujeto requerido debe comunicar fehacientemente por acto fundado y antes del vencimiento las razones por las que hace uso de tal prórroga.”

ARTÍCULO 6° — Sustitúyese el artículo 16 del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 16.- EXCEPCIONES.- Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:
a) información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior;
b) información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;
c) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado;
d) información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial;
e) información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;
f) información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se refieran a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de su funcionamiento;
g) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;
h) información protegida por el secreto profesional;
i) información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y sus modificatorias;
j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;
k) información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales;
l) información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación;
m) información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.
Las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.”

ARTÍCULO 7° — Sustitúyese el artículo 17 del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 17.- INFORMACIÓN PARCIAL. Los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma completa. Cuando exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo 16 del presente reglamento, deberá suministrarse el resto de la información solicitada, utilizando sistemas de tachas.”

ARTÍCULO 8° — Incorpórase como artículo 20 al REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el siguiente texto:
“ARTÍCULO 20.- RESPONSABLES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.- Cada uno de los sujetos obligados deberá nombrar a un responsable de acceso a la información pública que deberá tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dentro de su jurisdicción.”

ARTÍCULO 9° — Incorpórase como artículo 21 al REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el siguiente texto:
“ARTÍCULO 21. – FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Serán funciones de los responsables de acceso a la información pública, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones:
a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información pública, remitiendo la misma al funcionario pertinente;
b) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública;
c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública;
d) Brindar asistencia a los solicitantes en la elaboración de los pedidos de acceso a la información pública y orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran poseer la información requerida;
e) Promover prácticas de transparencia en la gestión pública y de publicación de la información;
f) Informar y mantener actualizadas a las distintas áreas de la jurisdicción correspondiente sobre la normativa vigente en materia de guarda, conservación y archivo de la información y promover prácticas en relación con dichas materias, con la publicación de la información y con el sistema de procesamiento de la información; y
g) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta implementación del presente reglamento.”

ARTÍCULO 10. — El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11. — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Rogelio Frigerio.

Continuá leyendo Congreso nacional aprueba ley de acceso a la información pública – Ley 27275