El registro público de comercio vuelve a ser público

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

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El ministro de Gestión y Modernización, mind Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

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“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

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Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

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Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, resuscitator
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

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Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

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De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

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“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

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El ministro de Gestión y Modernización, mind Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, resuscitator
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, web
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, visit
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, buy el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, mind Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, resuscitator
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, web
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, visit
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, buy el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, stuff
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 

Pedido de acceso a sumarios administrativos en los que se investiga la desaparición de estatutos y reforma de estatutos de algunas sociedades comerciales. Improcedencia.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

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El ministro de Gestión y Modernización, mind Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

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La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

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El ministro de Gestión y Modernización, mind Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

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Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, resuscitator
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

Stolbizer, Margarita c/ EN – M Justicia DDHH (cámara)

Proyectos de ley presentados en 2015

Proyecto S-4128 – Proyecto de Ley creando un régimen de acceso a la información pública. Autor: María Odarda (Frente Progresista – Rio Negro). PDF

 

 
Proyectos de ley presentados en 2015

Proyecto S-4128 – Proyecto de Ley creando un régimen de acceso a la información pública. Autor: María Odarda (Frente Progresista – Rio Negro). PDF

 

 
CAF 71799/2014/CA1 – “Stolbizer, drugs
Margarita c/ EN – M Justicia DDHH s/ amparo ley 16.986” – CNACAF – SALA IV – 10/11/2015

Buenos Aires, symptoms
10 de noviembre de 2015.-

VISTOS:

El recurso de apelación deducido por el Estado Nacional contra la sentencia de fs. 69/73, order
que admitió la acción de amparo deducida por Margarita Stolbizer contra la Inspección General de Justicia con el objeto de que esta última le brindara acceso a información de sus registros; y

CONSIDERANDO:

1º) Que el juez de grado se apartó de lo dictaminado por la fiscal de la instancia y entendió que la demandada no cumplió plenamente con su obligación de brindar la totalidad de la información requerida por la actora. En este sentido, destacó que las respuestas brindadas por el organismo resultan ambiguas y dilatorias. Desestimó la defensa opuesta por la accionada en punto a la falta de claridad del pedido formulado en sede administrativa y sostuvo que el escrito postulatorio debe tenerse como complementaria y/o aclaratoria de aquella presentación.-

2º) Que el recurrente se agravió de la admisibilidad formal de la vía del amparo. Asimismo, destacó que —tal como se había indicado en respuesta al requerimiento en su sede— la información referida a dos de los tres requerimientos no se encontraba producida, motivo por el cual no se la podía obligar a crearla y la petición encuadraba en el supuesto previsto en el art. 5º del anexo VII del decreto 1172/03. En cuanto al requerimiento vinculado a las sociedades que no dieron cumplimiento a la actualización de datos, señaló que se había hecho saber a la solicitante la falta de claridad de su presentación. En este punto, el apelante cuestionó el efecto aclaratorio atribuido a la demanda y calificó tal temperamento como desbordante de los límites del conflicto (fs. 74/79).-

3º) Que el Fiscal General subrogante que actúa ante esta Cámara destacó la procedencia del amparo para el tratamiento de la cuestión. No obstante, en la misma línea con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal en la anterior instancia, entendió que la demandada no se encuentra obligada a brindar información con la que no contaba al momento del requerimiento y que no se encuentra conminada a producir. En cuanto a las sociedades que incumplieron la obligación de actualizar sus datos destacó que, a la luz de las resoluciones IGJ 4/14 y 5/15 dictadas con posterioridad a la deducción de la demanda, ello puede ser consultado en el sitio web del organismo. Sobre dicha base, opinó que correspondía revocar la sentencia apelada (fs. 88/92).-

4º) Que los agravios vinculados con la admisibilidad de la vía intentada han sido adecuadamente examinados por el Tribunal en el marco de la causa “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo y otro c/ EN – Mº Planificación Federal s/ amparo ley 16.986”, resol. del 13 de febrero de 2014, publicada en el sitio web del Poder Judicial de la Nación, a cuyos términos corresponde remitirse para evitar repeticiones y respecto de la cual el máximo Tribunal rechazó la queja contra la denegación del recurso extraordinario federal (G.397.L, “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo y otro c/ EN – Mº Planificación Federal s/ amparo ley 16.986”, resol. del 14/10/14). En similares términos se expidió la sala III en la causa “Stolbizer, Margarita c/ EN – Mº Justicia DDHH s/ amparo ley 16.986”, resol. del 20/2/15, y la Corte Suprema también declaró inadmisible el recurso extraordinario federal y rechazó la queja (CAF 39019/2014/1/RH1, conf. resol. del 1/9/1/15).-

Corresponde, entonces, desestimar esta queja.-

5º) Que, en cuanto al fondo de la cuestión, la actora solicitó acceso a la información relativa a entidades que (i) poseen trámites reconstruidos, (ii) poseen trámites de intimación de balances adeudados y (iii) no dieron cumplimiento a la actualización de datos dispuesta por la resolución general 1/10.-

La demandada informó que, respecto de los requerimientos individualizados como (i) y (ii), no se encuentra producida la información histórica (fs. 13/30); y que, en cuanto al pedido referido como (iii), no se alcanza a distinguir si se alude al incumplimiento por presentación de declaración jurada o por no adecuarse a las observaciones generadas de las intimaciones (fs. 18). Dicho temperamento —receptado por el Ministerio Público de ambas instancias— fue mantenido en oportunidad de contestar el informe de fs. 42/50 y de fundar el memorial.-

Sobre dicha base, a la luz del pronunciamiento apelado y el memorial, corresponde a esta alzada determinar a) si la demandada pudo válidamente denegar la información individualizada como (i) y (ii) con fundamento en lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento de Acceso a la Información Pública, aprobado por el anexo VII del decreto 1172/03; b) si el requerimiento referido como (iii) mantiene actualidad después del dictado de las resoluciones 4/14 y 5/15; en caso afirmativo, c) si tal requerimiento fue formulado en términos que impidieran su respuesta por parte del órgano estatal.-

6º) Que el art. 5º del Reglamento de Acceso a la Información Pública aprobado por el anexo VII del decreto 1172/03, establece la obligación de proveer la data pública requerida, siempre que ello ni implique la obligación de crear o producir información con la que no se cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre obligado a producirla, en cuyo caso debe proveerla (énfasis añadido).-

Por su parte, el art. 10 del citado reglamento obliga a prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información, asegurando un amplio y fácil acceso. Ella debe ser provista sin otras condiciones que las expresamente establecidas en el reglamento. Asimismo, los sujetos comprendidos en aquél deben generar, actualizar y dar a conocer información básica, con el suficiente detalle para su individualización, a fin de orientar al público en el ejercicio de su derecho.-

Cabe recordar que la inconsecuencia o la falta de previsión no debe supenerse en el legislador y por esto se reconoce como principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie, y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 278:62: 281:146; y esta sala, Chieh Man Marine Product Co. Ltd. Arg. S.A. (TF 11547-A) c/ DGA”, sent. del 11/10/07).-

Sobre dicha base, corresponde interpretar que la Administración no se encuentra obligada a crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que: (i) se encuentre obligada a hacerlo; o (ii) se trate de información básica, en cuyo caso debe generarla, actualizarla y darla a conocer con el suficiente detalle para su individualización, a fin de orientar al público en el ejercicio de su derecho. En este sentido, cabe calificar como información básica a aquélla que no exige un procesamiento sino que puede obtenerse informáticamente o mediante la simple consulta de libros.-

7º) Que, en el caso, la actora afirmó en su escrito postulatorio que los trámite reconstruidos “tienen una codificación particular a los fines de su individualización” (fs. 4), extremo que no fue negado al contestar el informe de fs. 42/56.-

Sobre dicha base, lo cierto es que la generación de una lista de expedientes reconstruidos puede calificarse como información básica que la Administración se encuentra obligada a generar, actualizar y dar a conocer, con el suficiente detalle para la individualización de aquéllos.-

Lo mismo cabe concluir con relación a la lista de los trámites de intimación de balances adeudados, respecto de los cuales la actora individualizó los códigos 1921 y 1922, sin que la demandada formulara ninguna manifestación sobre el particular. Lo expuesto es suficiente para concluir que la demandada no pudo válidamente denegar la información referida al listado de trámites reconstruidos y de intimación de balances adeudados (individualizada precedentemente como i y ii) con fundamento en lo dispuesto en el art. 5º del Reglamento en cuestión, razón por la que corresponde rechazar los agravios en punto a la admisión de la acción a su respecto.-

8º) Que a continuación corresponde examinar si el requerimiento de una lista de entidades que no dieron cumplimiento a la actualización de datos dispuesta por la resolución general 1/10 (individualizado precedentemente como iii) perdió actualidad después del dictado de las resolución general 4/14 (B.O. 15/12/14), posterior al inicio del amparo, tal como lo sostiene el Fiscal General subrogante.-

En este sentido, debe recordarse que la subsistencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su desaparición importa la de poder juzgar (Fallos 315:123, consid. 4) y que, entre tales extremos, se halla la inexistencia de gravamen cuando las circunstancias sobrevinientes han tornado inoficiosa la decisión pendiente (Fallos: 329:187). Ahora bien, el Registro de Entidades Inactivas (R.E.I.) que lleva la IGJ está conformado por aquellas personas jurídicas que no hayan presentado la Declaración Jurada prevista en la Resolución General I.G.J. Nº 1/2010 al 30 de abril del año 2015 y puede ser consultado en el sitio web del organismo (art. 2º de la resolución general 4/14). El sitio indicado (https://www2.jus.gov.ar/igj-rei/) permite la búsqueda de entidad por número correlativo o por denominación. Sin embargo, tal aplicación no permite la emisión de una lista de todas las entidades que no dieron cumplimiento a la actualización de datos dispuesta por la resolución general 1/10, ni la demandada ha alegado que aquélla permite acceder al número de trámite de la intimación y su fecha.-

Sobre dicha base, no se advierte que durante la tramitación del pleito se produjera en autos la extinción de este capítulo del objeto procesal por la desaparición del presupuesto fáctico y jurídico que dio pie a la demanda.-

9º) Que, por último, tampoco se aprecia que este aspecto del requerimiento fuera formulado en términos que impidieran el acceso a la información, razón por la que la respuesta brindada en este sentido configura una arbitrariedad manifiesta.-

En merito a todo lo expuesto, oído el Fiscal General subrogante, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada y confirmar la sentencia de fs. 69/73. Sin especial imposición de costas de esta instancia dada la ausencia de contradicción (fs. 87).-

Fdo.: Jorge Eduardo Morán – Marcelo Daniel Duffy – Rogelio W. Vincenti

Fuente: elDial.com – AA9370 Publicado el 05/01/2016