Plan de apertura de datos del gobierno nacional

Adjunto en este post encontrarán el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, and anunciado ayer por el presidente Mauricio Macri. Por fin!
Adjunto en este post encontrarán el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, and anunciado ayer por el presidente Mauricio Macri. Por fin!
Adjunto en este post encontrarán el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, psychotherapist
anunciado ayer por el presidente Mauricio Macri. Por fin!
Adjunto en este post encontrarán el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, and anunciado ayer por el presidente Mauricio Macri. Por fin!
Adjunto en este post encontrarán el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, psychotherapist
anunciado ayer por el presidente Mauricio Macri. Por fin!

El Estado Nacional muestra una firme política de datos abiertos, malady
fundamentada en el hecho que la gente que estaba en la C.A.B.A.  y había hecho una excelente gestión a nivel local ahora está llevando estas políticas de transparencia y acceso a la información a nivel nacional. Seguidamente el primer paso que es el decreto de gobierno abierto.

Pablo Palazzi

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

Decreto 117/2016

“Plan de Apertura de Datos”.

Bs. As., health 12/01/2016

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM:0000436/2016, la CONSTITUCIÓN NACIONAL, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y el Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través de los artículos 33, 41, 42 y 75 inciso 22, por el cual se incorporan con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales;

Que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19), por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19.2) y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13.1.), incluidos en la mencionada disposición constitucional.

Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas afirmó en su resolución 59 (I) que “la libertad de información es un derecho humano fundamental”, pronunciándose en el mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile reconociendo como fundamental el derecho de acceso a la información pública en su doble vertiente, tanto como derecho individual de toda persona, así como obligación positiva del Estado para garantizar el efectivo ejercicio de dicho derecho.

Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y diversos tribunales inferiores de nuestro país han decidido en el mismo sentido que los citados antecedentes internacionales.

Que tanto la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción (artículos 10 y 13) como la Convención Interamericana contra la Corrupción (párrafo 5 de su Preámbulo, y artículos III.11 y XIV.2) promueven la transparencia, el acceso a la información pública y la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.

Que por el Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, se sustituyó el Artículo 1° de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, creándose el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, con el propósito de implementar nuevas formas de gestión que requiere un Estado moderno, como así también el desarrollo de tecnologías aplicadas a la administración pública central y descentralizada, que acerquen al ciudadano a la gestión del Gobierno Nacional.

Que entre las atribuciones asignadas al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, se encuentra la de diseñar, proponer y coordinar las políticas de transformación y modernización del Estado en las distintas áreas y determinar los lineamientos estratégicos y la propuesta de las normas reglamentarias en la materia, como así también definir el Plan de Modernización y ejercer funciones como Autoridad de Aplicación del mismo.

Que entre las políticas a implementarse en el marco de la modernización del Estado se encuentran aquellas referidas al Gobierno Abierto, cuya realización requiere de la adopción de medidas que favorezcan la gestión de los conjuntos sistematizados de datos preservados digitalmente por los distintos Ministerios, Secretarías y organismos descentralizados del PODER EJECUTIVO NACIONAL como un activo cívico y gubernamental de carácter estratégico.

Que la República Argentina es Miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el año 2012, la cual es promotora de los principios de transparencia, colaboración y participación a nivel internacional, y ante la cual República Argentina ha presentado DOS (2) Planes de Acción con Compromisos concretos en torno a dichos principios.

Que la disponibilidad de los datos públicos en condiciones adecuadas para su uso y reutilización constituye un elemento catalizador para el fortalecimiento del proceso democrático, el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia, la provisión de servicios públicos centrados en el usuario, y la promoción del desarrollo social, económico, científico y cultural de la Nación.

Que para garantizar lo antedicho, los datos públicos deben ser publicados en forma proactiva, completa y oportuna, en y por los canales, medios, formatos y bajo licencias que mejor faciliten su ubicación, acceso, procesamiento, uso, reutilización y redistribución.

Que en este sentido, los Ministerios, Secretarias y organismos descentralizados del PODER EJECUTIVO NACIONAL deberán diseñar un “Plan de Apertura de Datos”, el que contemplará un cronograma de publicación gradual de todos los datos producidos, almacenados o recopilados en medios digitales, cuya publicidad no se encuentre excluida por normas específicas.

Que el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN en su calidad de Autoridad de Aplicación del régimen de modernización, deberá coordinar la recepción de la mencionada información, cuya publicidad sólo será limitada cuando así lo dispongan normas específicas de aplicación o por razones fundadas de oportunidad, mérito y conveniencia, a juicio de dicha cartera ministerial.

Que la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción a cargo de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN ha tomado debida intervención.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° — Instrúyese a los Ministerios, Secretarías y organismos desconcentrados y descentralizados dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, a elaborar y presentar en un plazo no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días desde la entrada en vigencia del presente, ante el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y a los efectos de su publicación, un “Plan de Apertura de Datos”, el que deberá detallar los activos de datos bajo su jurisdicción y/o tutela, así como el cronograma de publicación aplicable a los mismos conforme los lineamientos que oportunamente defina el mencionado MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN en su calidad de Autoridad de Aplicación.

La publicación mencionada en el párrafo precedente, sólo será limitada cuando así lo dispongan normas específicas de aplicación o por razones fundadas en oportunidad, mérito y conveniencia, a juicio de la Autoridad de Aplicación.

Art. 2° — Arbítrense los medios necesarios para publicar en un plazo no mayor a NOVENTA (90) días, y mantener actualizado a través del Portal Nacional de Datos Públicos:

a) la estructura orgánica del PODER EJECUTIVO NACIONAL;

b) la nómina de Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL, así como la Declaración Jurada Patrimonial Integral de carácter público que a cada uno de ellos corresponda;

c) la nómina del personal contratado vigente, según conste en la Oficina Nacional de Empleo Público;

d) los escalafones y escalas salariales aplicables a los diferentes regímenes de empleo público;

e) los créditos presupuestarios, según surjan del Sistema Integrado de Información Financiera;

f) las contrataciones que tramiten en el sistema Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas;

g) las Solicitudes de Acceso a la Información recibidas en virtud del Reglamento de Acceso a la Información Pública;

h) las Audiencias de Gestión de Intereses, según consten en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Art. 3° — El MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN en su calidad de Autoridad de Aplicación, realizará el seguimiento de lo dispuesto en el presente decreto y brindará la asistencia técnica requerida para su mejor implementación.

Art. 4° — El MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en forma conjunta, realizarán el dictado de las normas reglamentarias, aclaratorias, interpretativas y/o complementarias que resulten necesarias para la mejor implementación de lo establecido en el presente Decreto.

Art. 5° — El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Andrés H. Ibarra.

 

Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública del PEN

La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, ophthalmologist
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, this site
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, health system
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, ophthalmologist
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, this site
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, health system
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, ophthalmologist
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, this site
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, health system
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
En los próximos 15 días, abortion
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, ophthalmologist
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, this site
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, health system
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
En los próximos 15 días, abortion
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
En los próximos 15 días, symptoms
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, nurse
cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, look el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, ophthalmologist
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, this site
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, health system
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
En los próximos 15 días, abortion
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
En los próximos 15 días, symptoms
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, nurse
cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, look el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
En los próximos 15 días, more about
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, generic
cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, ophthalmologist
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, this site
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, health system
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
En los próximos 15 días, abortion
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
En los próximos 15 días, symptoms
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, nurse
cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, look el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
En los próximos 15 días, more about
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, generic
cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
En los próximos 15 días, buy
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, prostate
cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, neurologist
el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, ophthalmologist
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, this site
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, health system
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
En los próximos 15 días, abortion
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
En los próximos 15 días, symptoms
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, nurse
cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, look el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
En los próximos 15 días, more about
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, generic
cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
En los próximos 15 días, buy
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, prostate
cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, neurologist
el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO

Adjunto en este post encontrarán el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, there anunciado ayer por el presidente Mauricio Macri. Por fin!

Proyecto de ley – El Gobierno prevé presentar la iniciativa en los próximos 15 días

La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, ophthalmologist
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, this site
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, health system
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, ophthalmologist
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, this site
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, health system
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, ophthalmologist
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, this site
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, health system
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
En los próximos 15 días, abortion
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO

YPF se niega a mostrar el polémico contrato con Chevron

La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION

Macri anunciaría hoy el proyecto de ley de acceso a la información pública

FUENTE: CIJ

Este martes, ed la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén (causa “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo por mora”).

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

 

Fallo Corte Suprema PDF (admite amparo)

Dictamen P.G.N.  PDF (nulidad del proceso por falta de participación de Chevron)

Fallo Cámara de Apelaciones (niega acceso por considerar que hay secretos industriales) giustiniani 2da insta rechazo

Fallo Cámara Giustiniani v. YPF 2daa instancia

Caso Garrido v. YPF  Manuel Garrido v YPF
FUENTE: CIJ

Este martes, ed la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén (causa “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo por mora”).

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

 

Fallo Corte Suprema PDF (admite amparo)

Dictamen P.G.N.  PDF (nulidad del proceso por falta de participación de Chevron)

Fallo Cámara de Apelaciones (niega acceso por considerar que hay secretos industriales) giustiniani 2da insta rechazo

Fallo Cámara Giustiniani v. YPF 2daa instancia

Caso Garrido v. YPF  Manuel Garrido v YPF
Según Nota en La Nación

El ministro de Justicia, price
Germán Garavano, physician adelantó la semana pasada que se preparaba un paquete de ocho leyes “urgentes” en materia penal. Entre ellas, help planteó la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal y la formación de un equipo de 10 jueces especializados en el crimen organizado. Además, se prevé modificar la ley de Ministerio Público. Hasta anoche no estaba definido si hoy los anunciará el propio Macri. Sí hablará de la lucha contra el narcotráfico. En materia política, el Gobierno pretende avanzar con la instrumentación de la boleta única electrónica y una ley de acceso a la información.

Acceso a la información pública en un contrato de acceso público vs. cláusulas confidenciales

Hoy se publicó en el BO la ResoluciónGeneral 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, info
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, viagra buy
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, check había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

 

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

 
Hoy se publicó en el BO la ResoluciónGeneral 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, info
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, viagra buy
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, check había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

 

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, doctor
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente Amado Boudou. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, recipe
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, cheap
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el BO la ResoluciónGeneral 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, info
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, viagra buy
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, check había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

 

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, doctor
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente Amado Boudou. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, recipe
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, cheap
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, illness
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, approved
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, advice había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el BO la ResoluciónGeneral 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, info
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, viagra buy
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, check había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

 

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, doctor
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente Amado Boudou. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, recipe
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, cheap
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, illness
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, approved
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, advice había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, stomach
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, cialis la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el BO la ResoluciónGeneral 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, info
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, viagra buy
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, check había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

 

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, doctor
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente Amado Boudou. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, recipe
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, cheap
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, illness
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, approved
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, advice había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, stomach
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, cialis la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, cardiologist
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, about it
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, click
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el BO la ResoluciónGeneral 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, info
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, viagra buy
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, check había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

 

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, doctor
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente Amado Boudou. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, recipe
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, cheap
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, illness
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, approved
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, advice había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, stomach
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, cialis la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, cardiologist
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, about it
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, click
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, pharmacy
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el BO la ResoluciónGeneral 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, info
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, viagra buy
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, check había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

 

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, doctor
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente Amado Boudou. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, recipe
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, cheap
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, illness
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, approved
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, advice había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, stomach
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, cialis la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, cardiologist
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, about it
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, click
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, pharmacy
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, there
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, Oncology
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el BO la ResoluciónGeneral 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, info
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, viagra buy
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, check había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

 

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, doctor
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente Amado Boudou. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, recipe
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, cheap
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, illness
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, approved
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, advice había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, stomach
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, cialis la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, cardiologist
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, about it
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, click
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, pharmacy
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, there
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, Oncology
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, visit this site
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, sales
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, recipe el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
Hoy se publicó en el BO la ResoluciónGeneral 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, info
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, viagra buy
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, check había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

 

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, doctor
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente Amado Boudou. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, recipe
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, cheap
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, illness
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, approved
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, advice había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, stomach
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, cialis la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, cardiologist
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, about it
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, click
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, pharmacy
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, there
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, Oncology
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, visit this site
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, sales
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, recipe el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, allergy
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, pills por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
Hoy se publicó en el BO la ResoluciónGeneral 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, info
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, viagra buy
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, check había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

 

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, doctor
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente Amado Boudou. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, recipe
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, cheap
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, illness
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, approved
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, advice había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, stomach
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, cialis la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, cardiologist
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, about it
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, click
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, pharmacy
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, there
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, Oncology
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, visit this site
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, sales
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, recipe el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, allergy
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, pills por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, neuropathist
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el BO la ResoluciónGeneral 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, info
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, viagra buy
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, check había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

 

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, doctor
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente Amado Boudou. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, recipe
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, cheap
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, illness
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, approved
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, advice había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, stomach
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, cialis la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, cardiologist
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, about it
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, click
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, pharmacy
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, there
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, Oncology
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, visit this site
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, sales
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, recipe el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, allergy
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, pills por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, neuropathist
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Durante todo el año hubo distintas explicaciones, viagra
algunas contradictorias, medical
por parte del Gobierno; qué dice Twitter y qué pasa con las cuentas en otras redes sociales, pero el gobierno erróneamente sostiene que no debe informar sobre esa cuenta que se usa para políticas públicas y que está exenta del acceso a la información pública. Incorrecto, es un bien que tuvo publicidad pagada por el Estado nacional y con fondos públicos, por lo tanto todo lo que se hiciera con esa cuenta era del Estado Nacional.
Hoy se publicó en el BO la ResoluciónGeneral 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, info
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, viagra buy
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, check había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

 

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, doctor
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente Amado Boudou. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, recipe
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, cheap
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Hoy se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, illness
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, approved
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, advice había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al pública.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, stomach
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, cialis la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, cardiologist
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, about it
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, click
había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, pharmacy
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, there
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, Oncology
la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, visit this site
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, sales
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, recipe el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, allergy
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, pills por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, neuropathist
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 
Durante todo el año hubo distintas explicaciones, viagra
algunas contradictorias, medical
por parte del Gobierno; qué dice Twitter y qué pasa con las cuentas en otras redes sociales, pero el gobierno erróneamente sostiene que no debe informar sobre esa cuenta que se usa para políticas públicas y que está exenta del acceso a la información pública. Incorrecto, es un bien que tuvo publicidad pagada por el Estado nacional y con fondos públicos, por lo tanto todo lo que se hiciera con esa cuenta era del Estado Nacional.
Durante todo el año hubo distintas explicaciones, sovaldi sale
algunas contradictorias, ed
por parte del Gobierno; qué dice Twitter y qué pasa con las cuentas en otras redes sociales, medical
pero el gobierno erróneamente sostiene que no debe informar sobre esa cuenta que se usa para políticas públicas y que está exenta del acceso a la información pública. Incorrecto, es un bien que tuvo publicidad pagada por el Estado nacional y con fondos públicos, por lo tanto todo lo que se hiciera con esa cuenta era del Estado Nacional.
En noviembre de 2015 la Corte Suprema dictó uno de los tantos fallos favorables al derecho al acceso a la información pública, anesthetist en el cual dijo que el Contrato entre YPF y Chevron era público o mejor dicho que el derecho de acceso a la información pública se aplicaba a YPF… Lo único que decidió la Corte Suprema era que el DAIP se aplicaba a una empresa estatal (primer caso de la CSJN en decir eso…). Pero ahora queda debatir si cada una de las cláusulas tachadas, dentist borradas o reservadas son o no públicas… (la cámara de apelaciones, revocada por la Corte, había juzgado de esa manera en forma general) Esto puede llevar mucho tiempo, y va a obligar al juez a leer el contrato in camera, sin escrutinio de la parte…De vuelta hasta la Corte? Hay un tema claro que es el acceso a la información pública en cuentagotas no sirve, y si llega tarde,  tarde, luego de varios años de litigio, peor aun.

 

FUENTES

Infobae

 

La nota de la Nación del día de hoy dice:

El contrato que YPF firmó con Chevron para la explotación conjunta del yacimiento neuquino de Vaca Muerta sigue siendo un secreto. A pesar del fallo de la Corte Suprema que obliga a la empresa estatizada aentregarle una copia al socialista Rubén Giustiniani y que los plazos legales están vencidos, el ex senador santafesino denunció hoy que  la firma intenta “mantener en secreto las clausulas del contrato”. 

“En el día de hoy a las 10,30 hs nos presentamos en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo N° 7 de la Dra. María Cristina Carrión de Lorenzo para buscar copia del contrato YPF-Chevron, tal lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, relató.

“La copia certificada que YPF dejó en poder de la Jueza en sobre cerrado y sellado en su versión original (inglés) con una traducción al español no nos fue entregada”, denunció el diputado provincial.

Giustiniani explicó que la juez los notificó sobre un escrito presentado por YPF junto con la copia del contrato en la que se aclara que la copia entregada “se encuentra testado en aquellas ‘cláusulas confidenciales ostensibles”. Además, contó que le pidieron a la magistrada su “reserva en la caja fuerte del Juzgado”.

“YPF, cuando presentó una copia del contrato, presentó también un escrito, la jueza se tomó los tres dias habiles para resolver y lo unico que hizo, fue correrme traslado, la estrategia de YPF es volver a discutir lo que ya se discutió“, ahondó en diálogo con Clarín el exsenador.

Asimismo, contó que la propia empresa reconoce en el escrito que“tacharon lo que consideran confidencial” por lo tanto estarían incumpliendo el fallo de la Corte. “El fallo decía una copia fiel, lo que dejaron no lo es, ellos mismos reconocen que no es”, dijo.

Ahora Giustiniani tiene cinco días para contestar el escrito. ” Lo vamos a hacer más rapido, pero si ya espere con paciencia tres años, voy a esperar tranquilo unos días más“, confirmó el socialista. “Esta discusión ellos ya la perdieron“, concluyó.

Tras la denuncia de Giustiniani, la empresa emitió un comunicado en el que ratifica que “cumplió con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y entregó en tiempo y forma a la titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 una copia, en sobre cerrado, del contrato suscripto con Chevron”.

“Presentó, además, un extenso escrito en el que solicitó a la jueza que adopte las medidas necesarias para que, en el marco del cumplimiento de la sentencia del máximo tribunal, se preserve la divulgación pública de información de carácter confidencial que posee un alto valor geológico, comercial, técnico o industrial, cuyo conocimiento por terceros competidores o futuros socios en la explotación del yacimiento Vaca Muerta pudiera redundar en graves perjuicios para el interés general”, señaló.

YPF explicó que el carácter confidencial de los contratos es de “práctica habitual en la industria petrolera” y “forma parte de todos los contratos comerciales que cualquier compañía petrolera firma en el curso normal de sus operaciones”. Es por ello que reclamó que se le garanticen condiciones operativas similares a las de sus competidores.

“Cualquier asimetría en el manejo de la información comercial o industrial supondrá una desventaja competitiva para la empresa, dado que implicará una merma en su poder de negociación frente a terceros y constituirá un factor que desalentará a terceras empresas a asociarse con YPF bajo términos confidenciales”, sostuvieron.

Aunque el exsenador marcó que la copia del contrato entregada en el juezgado tiene “tachones”, la petrolera expresó “firme voluntad de cumplir con lo dispuesto por el decreto de acceso a la información pública sin perjuicio de recurrir a las protecciones previstas en la propia norma en materia de cuestiones industriales, comerciales, financieras y técnicas”.

YPF amenaza con iniciarle juicio a Giustiniani por la difusión del contrato con Chevron

FUENTE: CIJ

Este martes, ed la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén (causa “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo por mora”).

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

 

Fallo Corte Suprema PDF (admite amparo)

Dictamen P.G.N.  PDF (nulidad del proceso por falta de participación de Chevron)

Fallo Cámara de Apelaciones (niega acceso por considerar que hay secretos industriales) giustiniani 2da insta rechazo

Fallo Cámara Giustiniani v. YPF 2daa instancia

Caso Garrido v. YPF  Manuel Garrido v YPF
FUENTE: CIJ

Este martes, ed la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén (causa “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo por mora”).

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

 

Fallo Corte Suprema PDF (admite amparo)

Dictamen P.G.N.  PDF (nulidad del proceso por falta de participación de Chevron)

Fallo Cámara de Apelaciones (niega acceso por considerar que hay secretos industriales) giustiniani 2da insta rechazo

Fallo Cámara Giustiniani v. YPF 2daa instancia

Caso Garrido v. YPF  Manuel Garrido v YPF
Según Nota en La Nación

El ministro de Justicia, price
Germán Garavano, physician adelantó la semana pasada que se preparaba un paquete de ocho leyes “urgentes” en materia penal. Entre ellas, help planteó la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal y la formación de un equipo de 10 jueces especializados en el crimen organizado. Además, se prevé modificar la ley de Ministerio Público. Hasta anoche no estaba definido si hoy los anunciará el propio Macri. Sí hablará de la lucha contra el narcotráfico. En materia política, el Gobierno pretende avanzar con la instrumentación de la boleta única electrónica y una ley de acceso a la información.

FUENTE: CIJ

Este martes, ed la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén (causa “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo por mora”).

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

 

Fallo Corte Suprema PDF (admite amparo)

Dictamen P.G.N.  PDF (nulidad del proceso por falta de participación de Chevron)

Fallo Cámara de Apelaciones (niega acceso por considerar que hay secretos industriales) giustiniani 2da insta rechazo

Fallo Cámara Giustiniani v. YPF 2daa instancia

Caso Garrido v. YPF  Manuel Garrido v YPF
Según Nota en La Nación

El ministro de Justicia, price
Germán Garavano, physician adelantó la semana pasada que se preparaba un paquete de ocho leyes “urgentes” en materia penal. Entre ellas, help planteó la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal y la formación de un equipo de 10 jueces especializados en el crimen organizado. Además, se prevé modificar la ley de Ministerio Público. Hasta anoche no estaba definido si hoy los anunciará el propio Macri. Sí hablará de la lucha contra el narcotráfico. En materia política, el Gobierno pretende avanzar con la instrumentación de la boleta única electrónica y una ley de acceso a la información.

Según Nota en La Nación

El ministro de Justicia, search
Germán Garavano, rx
adelantó la semana pasada que se preparaba un paquete de ocho leyes “urgentes” en materia penal. Entre ellas, medications
planteó la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal y la formación de un equipo de 10 jueces especializados en el crimen organizado. Además, se prevé modificar la ley de Ministerio Público. Hasta anoche no estaba definido si hoy los anunciará el propio Macri. Sí hablará de la lucha contra el narcotráfico. En materia política, el Gobierno pretende avanzar con la instrumentación de la boleta única electrónica y una ley de acceso a la información.

FUENTE: CIJ

Este martes, ed la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén (causa “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo por mora”).

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

 

Fallo Corte Suprema PDF (admite amparo)

Dictamen P.G.N.  PDF (nulidad del proceso por falta de participación de Chevron)

Fallo Cámara de Apelaciones (niega acceso por considerar que hay secretos industriales) giustiniani 2da insta rechazo

Fallo Cámara Giustiniani v. YPF 2daa instancia

Caso Garrido v. YPF  Manuel Garrido v YPF
Según Nota en La Nación

El ministro de Justicia, price
Germán Garavano, physician adelantó la semana pasada que se preparaba un paquete de ocho leyes “urgentes” en materia penal. Entre ellas, help planteó la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal y la formación de un equipo de 10 jueces especializados en el crimen organizado. Además, se prevé modificar la ley de Ministerio Público. Hasta anoche no estaba definido si hoy los anunciará el propio Macri. Sí hablará de la lucha contra el narcotráfico. En materia política, el Gobierno pretende avanzar con la instrumentación de la boleta única electrónica y una ley de acceso a la información.

Según Nota en La Nación

El ministro de Justicia, search
Germán Garavano, rx
adelantó la semana pasada que se preparaba un paquete de ocho leyes “urgentes” en materia penal. Entre ellas, medications
planteó la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal y la formación de un equipo de 10 jueces especializados en el crimen organizado. Además, se prevé modificar la ley de Ministerio Público. Hasta anoche no estaba definido si hoy los anunciará el propio Macri. Sí hablará de la lucha contra el narcotráfico. En materia política, el Gobierno pretende avanzar con la instrumentación de la boleta única electrónica y una ley de acceso a la información.

Fuente:Argentina – TN (Online) – Ultimo momento

En un escrito de 40 páginas presentado en la Justicia lo alerta de los posibles daños y perjuicios a la empresa. La jueza no le permitió todavía al legislador acceder a lo presentado por la petrolera.

La difusión del contrato de YPF Chevron ingresa en un terreno más conflictivo. En un escrito de 40 páginas presentado por los abogados de la compañía (el estudio Nicholson y Cano) a la Justicia, ambulance
amenazó al legislador socialista Rubén Giustiniani con iniciarle acciones legales en caso de que difunda información confidencial para la empresa, resuscitator
según confirmaron a TN.com.ar fuentes cercanas a la causa.Los abogados de Giustiniani, ambulance
del estudio Caplan, se llevaron hoy otra sorpresa en la causa judicial en la que la Corte Suprema ordenó en noviembre de 2015 la difusión del polémico contrato petrolero. La jueza del tribunal en lo Contencioso Administrativo Número 7, María Cristina Carrión de Lorenzo, donde se inició la demanda y que tiene que ejecutar la sentencia del máximo tribunal corrió traslado al demandante para que analice las 40 hojas del escrito presentado por los abogados de YPF. En el mismo, la empresa pidió que se proteja información que considera `secreto industrial`, amparándose en el artículo 16, inciso c, del decreto 1172 de 2003 de acceso a la información pública. Y de lo contrario, según las fuentes judiciales que accedieron al escrito, hacen responsable a Giustiniani de los daños y perjuicios para la compañía si divulga la información sensible. Con la decisión de la jueza de correr el traslado, YPF gana más días y estira la decisión de la Corte Suprema que implica divulgar un contrato con cláusulas polémicas por parte de la empresa estatal. La firma perdió con su argumento de que es una sociedad anónima privada, que sólo tiene al Estado como accionista, y que por lo tanto la difusión del contrato con Chevron sería develar un trato entre privados. Giustiniani ganó la demanda sobre la base de que YPF es una empresa pública que tiene que informar sus actos a los ciudadanos. Los abogados de Giustiniani tienen ahora cinco días para analizar el escrito de YPF y responder. La estrategia es pedir la acción de la justicia penal ya que consideran que se está desobedeciendo un fallo del máximo tribunal del país, la Corte Suprema. Unos vez presentado este escrito, la jueza Carrión de Lorenzo tendrá otros tres para resolver una disputa que ya ingresó en el terreno de lo procesal legal y que promete tomar temperatura.

El registro público de comercio vuelve a ser público

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, mind Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, mind Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, resuscitator
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, mind Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, resuscitator
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, web
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, visit
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, buy el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, mind Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, resuscitator
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, web
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, visit
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, buy el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
El 25 de enero de 2016 se publicó en el B.O. la Resolución General 2/2016 mediante la cual se reabren los archivos de la IGJ al público.

Recordamos que el pasado gobierno había cerrado la información que toda la vida fue publica, stuff
con el fin de ocultar registros societarios ligados a actos de corrupción ligados con varios funcionarios pero en especial con el Vicepresidente de Cristina Kirchner y a Hotesur. Una nota periodística lo caracterizó así:

La Inspección General de Justicia, la oficina dependiente del ministerio que se encarga de registrar y controlar a todas las sociedades comerciales y organizaciones civiles inscriptas en la Capital Federal, había intentado bloquear el acceso a esos datos -paradójicamente acumulados en el Registro Público de Comercio- para mantener el cepo informativo que ese mismo organismo había dispuesto a través de una resolución cuando buscaba ocultar datos comprometedores de otra empresa vinculada con el poder kirchnerista: Ciccone Calcográfica, y la fantasmal firma que tomó su control, The Old Fund. Con el tiempo, la justicia comprobó que ese fondo estaba relacionado con el vicepresidente Amado Boudou.

Varios amparos de la justicia en lo contencioso-administrativo federal e incluso del fuero comercial le dieron la razón a varios reclamantes que pretendieron acceder a esta información y fueron bloqueados, a veces usando burdamente la excusa de la ley de protección de datos personales.

Incluso durante el 2015 para disimular la cosa mas la IGJ había aprobado una norma que se autotitulaba de acceso a la información, pero lo único que hacía esa norma era limitar mas aun el acceso a lo que históricamente era público en el Registro Público de Comercio. La norma era realmente una tomada de pelo la gente y a los usuarios del registro.

Ahora esta nueva norma abre nuevamente los registros que en el pasado siempre habían sido públicos.

 

Pedido de acceso a sumarios administrativos en los que se investiga la desaparición de estatutos y reforma de estatutos de algunas sociedades comerciales. Improcedencia.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, mind Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

 

 
 

 

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto

El ministro de Gestión y Modernización, mind Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.

La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.

De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.

Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.

Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.

“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.

El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.

Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.

Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y  la innovación.

Fuente

http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php

Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, resuscitator
18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016