Reforman la ley 104 de acceso a la información de la CABA – ley 5784

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Decreto 79/2017

Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, patient sales 30/01/2017

VISTO el Expediente N° EX-2016-05012645-APN-SECAPEI#MI, viagra sale syringe la Ley N° 27.275 y los Decretos Nros. 1172 del 3 de diciembre de 2003 y 117 del 12 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1°, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo —que establece nuevos Derechos y Garantías— y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.

 

Que la Ley N° 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, basándose en los principios de igualdad, celeridad procesal, transparencia y máxima divulgación, entre otros.

Que la mencionada ley introduce nuevos criterios respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que implican un avance en comparación con el REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003.

Que por el Decreto N° 117 del 12 de enero de 2016 se estableció que los Ministerios, Secretarías y organismos desconcentrados y descentralizados dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL debían elaborar un “Plan de Apertura de Datos”, basado en el derecho a buscar y recibir información, consagrado en múltiples instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19.2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13.1.).

Que en ese sentido, resulta imperioso actualizar el texto del Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 a las prescripciones establecidas en la Ley N° 27.275 de acceso a la información pública, a los efectos de compatibilizarlo con ella durante el período de su vigencia, como así también asegurar la compatibilidad del Plan de Apertura de Datos estipulado por el Decreto N° 117 del 12 de enero de 2016, con la normativa sobre acceso a la información.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

El PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el artículo 1° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1°.- OBJETO.- El objeto del presente Reglamento es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, estableciendo un marco general para su desenvolvimiento”.

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el artículo 2° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Son sujetos obligados a brindar información pública en el marco del presente reglamento:
a) La Administración Pública Nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;
b) Las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
c) Las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación estatal;
d) Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual;
e) Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional;
f) Fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional;
g) Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios que tengan por objeto la cooperación técnica o financiera con organismos estatales;
h) El Banco Central de la República Argentina;
i) Los entes interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga participación o representación;
j) Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente.”

ARTÍCULO 3° — Sustitúyese el artículo 5° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 5°.- ALCANCES.- El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.
Se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados del artículo 2° del presente reglamento y debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligados a procesarla o clasificarla.
A los efectos del presente, se entiende por:
a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados generen, obtengan, transformen, controlen o custodien;
b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado por los sujetos obligados independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial.”

ARTÍCULO 4° — Sustitúyese el artículo 7° del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 7°.- PRINCIPIOS.- El mecanismo de Acceso a la Información Pública debe garantizar el respeto de los principios de: presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, facilitación y buena fe.”

ARTÍCULO 5° — Sustitúyese el artículo 12 del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 12.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN. RESPUESTA.- La solicitud de información debe ser presentada ante el sujeto obligado que la posea o se presuma que la posee, quien la remitirá al responsable de acceso a la información pública. La solicitud podrá realizarse por escrito o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad a excepción de la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto del solicitante, a los fines de enviarle la información solicitada o anunciarle que está disponible.
El sujeto que recibiere la solicitud de información le entregará o remitirá al solicitante una constancia del trámite.
Si la solicitud se refiere a información pública que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá, dentro del plazo improrrogable de CINCO (5) días, computado desde la presentación a quien la posea, e informará de esta circunstancia al solicitante.
Toda solicitud de información pública requerida en los términos del presente debe ser satisfecha en un plazo no mayor de QUINCE (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros QUINCE (15) días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada. En su caso, el sujeto requerido debe comunicar fehacientemente por acto fundado y antes del vencimiento las razones por las que hace uso de tal prórroga.”

ARTÍCULO 6° — Sustitúyese el artículo 16 del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 16.- EXCEPCIONES.- Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:
a) información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior;
b) información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;
c) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado;
d) información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial;
e) información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;
f) información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se refieran a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de su funcionamiento;
g) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;
h) información protegida por el secreto profesional;
i) información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y sus modificatorias;
j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;
k) información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales;
l) información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación;
m) información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.
Las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.”

ARTÍCULO 7° — Sustitúyese el artículo 17 del REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 17.- INFORMACIÓN PARCIAL. Los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma completa. Cuando exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo 16 del presente reglamento, deberá suministrarse el resto de la información solicitada, utilizando sistemas de tachas.”

ARTÍCULO 8° — Incorpórase como artículo 20 al REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el siguiente texto:
“ARTÍCULO 20.- RESPONSABLES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.- Cada uno de los sujetos obligados deberá nombrar a un responsable de acceso a la información pública que deberá tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dentro de su jurisdicción.”

ARTÍCULO 9° — Incorpórase como artículo 21 al REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobado como Anexo VII del Decreto N° 1172/03, el siguiente texto:
“ARTÍCULO 21. – FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Serán funciones de los responsables de acceso a la información pública, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones:
a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información pública, remitiendo la misma al funcionario pertinente;
b) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública;
c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública;
d) Brindar asistencia a los solicitantes en la elaboración de los pedidos de acceso a la información pública y orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran poseer la información requerida;
e) Promover prácticas de transparencia en la gestión pública y de publicación de la información;
f) Informar y mantener actualizadas a las distintas áreas de la jurisdicción correspondiente sobre la normativa vigente en materia de guarda, conservación y archivo de la información y promover prácticas en relación con dichas materias, con la publicación de la información y con el sistema de procesamiento de la información; y
g) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta implementación del presente reglamento.”

ARTÍCULO 10. — El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11. — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Rogelio Frigerio.

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Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública del PEN

La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
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FUENTE  LA NACION
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, ophthalmologist
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, this site
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, health system
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
En los próximos 15 días, abortion
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
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CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
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el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
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“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

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La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
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que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
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FUENTE  LA NACION
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
En los próximos 15 días, abortion
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
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La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
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FUENTE  LA NACION
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
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el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO
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La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
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FUENTE  LA NACION
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

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el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO

Adjunto en este post encontrarán el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, there anunciado ayer por el presidente Mauricio Macri. Por fin!

Proyecto de ley – El Gobierno prevé presentar la iniciativa en los próximos 15 días

La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

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El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, ophthalmologist
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que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, health system
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

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que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, health system
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

FUENTE  LA NACION
Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo concedió hoy cinco días a YPF para que revele el contrato secreto con Chevron por la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, website
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, recipe
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, prosthetic
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

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El contrato entre YPF y la norteamericana Chevron para explotar la formación neuquina Vaca Muerta condujo ayer al directorio de la petrolera estatizada a tomar una decisión polémica: por orden de los representantes del Estado en la empresa, ophthalmologist
YPF apelará la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, this site
que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio. Así lo confirmó una fuente oficial a LA NACION. La disputa se planteó ayer en el Directorio de YPF, health system
el principal órgano de gestión de la compañía. A diferencia de otras veces, el presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio , se mostró a favor de revelar todo el convenio. En el entorno del ejecutivo, que dejará su cargo en abril, sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza para que se lo de al socialista Rubén Giustinianni, quien inició la demanda. La apuesta del Gobierno, en cambio, es distinta. Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores. Seguir leyendo

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Improcedencia de pedido de acceso. Posibilidad de que se divulguen la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios. Eventual afectación de datos sensibles de los imputados.

CNACAF – SALA III – 18/11/2015 –  Causa Nº 8633/2015 – “Martinez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia DDHH s/ Amparo Ley 16.986”.  

Buenos Aires, doctor 18 de noviembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, side effects
por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-

Para así decidir, en síntesis, señaló que -de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada- surgía que la solicitud formulada por la actora, había sido girada a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual dictaminó que “en virtud de lo normado por el Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003 debe brindarse la información pública requerida, con las restricciones previstas en el artículo 5º, in fine, y 16 del citado reglamento”. Asimismo, indicó que -con posterioridad- en la Dirección de Sumarios, el Instructor Sumariante opinó que no se advertía impedimento alguno en suministrar la información requerida -copias- respecto del expte. S04:0053188/2012, pero que no podía hacerse lo mismo con los exptes. S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012, en los que se investigaba: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”. Ello, en razón de haberse considerado -en sede administrativa- que la petición formulada resultaba anticipada, dado que todavía no había sido dictado -en ninguno de esos expedientes- el acto administrativo por el que se diera por cumplido el procedimiento sumarial en los términos del art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, conforme el decreto 467/99, de acuerdo con la exégesis que realizara de la norma del Anexo VII, art. 16, inc. h), del decreto 1172/03); así como que el art. 109 y siguientes del citado Reglamento únicamente otorgaba participación y acceso a la información de las actuaciones sumariales al sumariado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, rechazando el acceso de personas ajenas a la investigación. Puso de resalto que luego de ello, en las actuaciones administrativas, no se registraba ninguna actividad tendiente a proveer el pedido de la actora, por lo que no había sido evacuada la solicitud de información.-

Destacó que -de la reseña efectuada- que resultaba que en el caso había tenido lugar una omisión de la autoridad pública respecto de la solicitud de información realizada por la accionante. Asimismo, ponderó que -siguiendo el criterio expuesto por el Alto Tribunal en el precedente “CIPPEC”- en materia de acceso a la información pública existía un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes debía ser entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente; como así también que el hecho de que la información requerida involucrara datos de terceros no aparecía como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado.-

En ese sentido, sostuvo que la interpretación que la autoridad demandada hacía del Anexo VII del art. 16, inc. h) del decreto 1172/03, resultaba manifiestamente improcedente, ya que la propia norma se refería a documentos que “no formen parte de un expediente”, y que -en definitiva- como fuera admitido tanto en sede administrativa -en el dictamen del Instructor Sumariante- como en esta instancia judicial -en ocasión del informe del art. 8º de la ley 16.986-, con la clausura de la etapa de investigación, había cesado el secreto del sumario.-

Por último, dejó sentado que -de acuerdo con el objeto de la presente acción de amparo- correspondía ordenar directamente a la demandada que entregara a la actora copias de los expedientes en cuestión y no otorgarle un plazo para que aquélla se pronunciara sobre la solicitud de información efectuada hace más de diez meses, lo cual no haría otra cosa que demorar aún más la efectivización de un derecho humano fundamental (fs. 98/100).-

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional- Ministerio de Justicia- Derechos Humanos- interpuso recurso de apelación a fs. 102/8, que ha sido concedido a fs. 109.-

El recurrente cuestiona que se haya admitido la procedencia de la vía de la acción de amparo. Sostiene que la actora no ha logrado acreditar la existencia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Refiere que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de urgencia. Afirma que la actora sólo ha invocado un daño meramente conjetural, inactual, no justificado y cuya reparación no reclama en forma autónoma ni subsidiaria. Apunta que se ha prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten la premura con la que se pretendió el acceso a la información requerida. Considera que -de esa forma- la actora confunde conceptos porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad a la información pública que establece el decreto 1172/03 (norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Indica que el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o hipotéticos; así como que -en el caso- no existe relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias aludidas. Sostiene que lo actuado por el Estado Nacional no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03 y a la Constitución Nacional. Destaca que la vía adecuada para accionar era la que señala el mismo régimen del decreto 1172/03, en cuanto en caso de silencio de la Administración, remite al art. 28 de la ley 19.549. Entiende que la arbitrariedad invocada no fue tal, o por lo menos no revela la característica de “manifiesta”, conforme exige la utilización de la vía elegida; así como que la actora no acreditó un daño imposible de conjurar por medio de otro recurso o remedio.-

Por otra parte, se agravia respecto a la procedencia sustancial de la acción de amparo intentada. Al respecto, sostiene que el Sr. Juez de primera instancia estimó que la condición de “sumarios administrativos” de la documentación requerida por la actora, no se alzaba como un impedimento para que se permitiera su acceso al público, cuando su parte explicó que la pretensión de acceder a las constancias de expedientes disciplinarios seguidos contra terceros ajenos a la controversia no podía encuadrar en el concepto de “información pública” al que se refiere la reglamentación. Señala que con la excusa de obtener autorización judicial para que se permita el empleo de una herramienta concebida -entre otros objetivos- para combatir la corrupción y mejorar la actividad gubernamental, se facilitaría el acceso al público en general a investigaciones disciplinarias, cuya eficacia depende -la mayor parte de las veces- de la discreción con la cual se instruye. Indica que también resulta erróneo considerar que la conclusión del secreto de sumario establecida en el art. 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, torna -sin más- pública a la información solicitada. Asimismo, argumenta que si el principal interesado recién puede tomar vista de las actuaciones luego de clausurada la etapa de investigación (art. 107), no resulta razonable que un tercero tenga acceso con anterioridad. Señala que ese razonamiento no sólo se encuentra en contradicción con el proceso establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativos, sino que también vulnera el derecho a la intimidad del propio sumariado que todavía no pudo ejercer su derecho de defensa.-

Refiere que le causa agravio que se haya considerado que no se verificaban -en el caso- las previsiones establecidas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, respecto a las excepciones a la obligación de proveer la información requerida. Destaca que el decreto 467/99 confiere carácter público a la información obrante en los expedientes administrativos una vez que se encuentra clausurada la investigación sumarial y no cuando se levanta el secreto de las actuaciones (art. 46). Dice que en el caso, el pedido de la actora se refirió a cuatro sumarios: uno de los cuales fue aportado al responder el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, en cuanto a los tres restantes, no contienen información cuyo acceso pueda lograrse a través del régimen invocado en la demanda, pues se trata de sumarios disciplinarios que se encuentran en pleno trámite y si se difundieran anticipadamente sus constancias, podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido al instruirlos y se afectaría el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en esos trámites. Apunta además que -en la sentencia apelada- no se ha efectuado diferencia alguna sobre el contenido de la información, cuando de las excepciones establecidas en el inc. 1 del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03, surge que existe documentación que reviste calidad de reservada; obligándose a su parte a aportar información personalísima del sumariado, lo cual se encuentra vedado tanto por la ley 25.326, como por la norma antes citada. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.-

A fs. 113/5, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por la parte actora y, a fs. 118/21, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde revocar la sentencia apelada, en tanto considera que la autoridad no ha obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que se encontraba exceptuada de brindar la información requerida con arreglo a lo establecido en los incisos f) e i) del artículo 16 del decreto 1172/03 (Anexo VII).-

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que no resulta viable el agravio vertido en torno a la procedencia formal de la acción intentada a los fines del acceso a la información, en los términos del decreto 1172/03.-

Sobre este punto, resulta suficiente con remitir a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social -Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).-

Ello es así, toda vez que desde el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13; esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986”, del 20/2/15).-

IV- Que, sentado ello, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, cabe poner de resalto que la cuestión materia de agravio se circunscribe al acceso a la información contenida en los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04: 0063239/2012. En estos sumarios, que se hallan actualmente en trámite, se investiga: a) la desaparición del expediente de estatutos correspondiente a la entidad “Compañía de Valores Sudamericana SA”; b) la desaparición del trámite de reforma de los estatutos de la sociedad “The Old Fund SA”; y c) la desaparición del trámite de reforma de estatutos correspondiente a la sociedad “London Supply SACIFI”, acaecidas en el ámbito de la Inspección General de Justicia y respecto a las cuales, la actora no reviste carácter de imputada (vide copias certificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que obran agregadas a fs. 27/76 de esta causa).-

El planteo de autos, a los fines de discernir el acceso a la información pretendido por la actora, gira en torno al análisis de las excepciones previstas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003; pues admitida que fuera la configuración de alguno de los supuestos allí enumerados, quedaría descartada la viabilidad de la presente acción de amparo, por no verificarse -en el caso- la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima de la demandada (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional).-

En este orden de ideas, inicialmente, corresponde señalar que -como bien ha sido considerado en la sentencia apelada- resulta inaplicable a la especie el inciso h) del art. 16 del decreto 1172/03, en tanto la excepción allí prevista versa sobre documentos que “no formen parte de un expediente” (confr. en igual sentido, dictamen fiscal, a fs. 119 vta., in fine).-

No obstante ello, cabe tener en cuenta que el demandado ha puesto de resalto la imposibilidad de conferir acceso a la información a un tercero respecto a las actuaciones sumariales, en las cuales ni siquiera ha podido tomar intervención el principal interesado por no hallarse clausurada la etapa de investigación (conf. art. 107 y ss. del decreto 467/99), así como que de admitirse aquélla petición podría verse seriamente comprometido el propósito perseguido con la instrucción de esos sumarios y, asimismo, afectarse el derecho a la intimidad de cada uno de los involucrados en tales trámites. Desde esa perspectiva y siguiendo el criterio expuesto en el dictamen del Sr. Fiscal General (v. especialmente, ap. 7 y 8, a fs. 120/vta.), corresponde estar a la verificación -en el caso- de las excepciones establecidas en los incisos f) e i) del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003, que prevé que: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos… f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía de debido proceso”; e “…i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada…”

Es que, como ha destacado el Sr. Fiscal General, si bien esta causal no fue expresamente identificada por la demandada, esa parte insistió respecto a la necesidad de “resguardar tanto el éxito de las investigaciones como el derecho a la intimidad de aquellas personas a las que se refieren” (confr. informe del art. 8º de la ley 16.986, a fs. 79). Así, en caso de proveerse a la actora la información solicitada, podría divulgarse la técnica o el procedimiento de investigación en el curso de los sumarios administrativos bajo análisis. Ello, claro está, sin dejar de ponderar la eventual afectación de datos sensibles, en el supuesto que se hallen incorporados los legajos personales de los imputados, en los términos de la excepción contemplada en el inciso i), del art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/2003 (conf. dictamen, a fs. 118/21). En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha logrado acreditar que la autoridad administrativa hubiese obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 1º de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional); por lo cual corresponde admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recurso.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión debatida en autos (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C. P. C. C.).-

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 118/21), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio. Costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. arts. 68, ap. 2do y 279 del C.P.C.C.).-

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.-

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.-

Fdo.: JORGE ESTEBAN ARGENTO – SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

Citar: elDial.com – AA93E7

Publicado el 15/01/2016
En los próximos 15 días, abortion
el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre “transparencia activa”: la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

“Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo. SEGUIR LEYENDO

YPF amenaza con iniciarle juicio a Giustiniani por la difusión del contrato con Chevron

FUENTE: CIJ

Este martes, ed la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén (causa “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo por mora”).

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

 

Fallo Corte Suprema PDF (admite amparo)

Dictamen P.G.N.  PDF (nulidad del proceso por falta de participación de Chevron)

Fallo Cámara de Apelaciones (niega acceso por considerar que hay secretos industriales) giustiniani 2da insta rechazo

Fallo Cámara Giustiniani v. YPF 2daa instancia

Caso Garrido v. YPF  Manuel Garrido v YPF
FUENTE: CIJ

Este martes, ed la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén (causa “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo por mora”).

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

 

Fallo Corte Suprema PDF (admite amparo)

Dictamen P.G.N.  PDF (nulidad del proceso por falta de participación de Chevron)

Fallo Cámara de Apelaciones (niega acceso por considerar que hay secretos industriales) giustiniani 2da insta rechazo

Fallo Cámara Giustiniani v. YPF 2daa instancia

Caso Garrido v. YPF  Manuel Garrido v YPF
Según Nota en La Nación

El ministro de Justicia, price
Germán Garavano, physician adelantó la semana pasada que se preparaba un paquete de ocho leyes “urgentes” en materia penal. Entre ellas, help planteó la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal y la formación de un equipo de 10 jueces especializados en el crimen organizado. Además, se prevé modificar la ley de Ministerio Público. Hasta anoche no estaba definido si hoy los anunciará el propio Macri. Sí hablará de la lucha contra el narcotráfico. En materia política, el Gobierno pretende avanzar con la instrumentación de la boleta única electrónica y una ley de acceso a la información.

FUENTE: CIJ

Este martes, ed la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén (causa “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo por mora”).

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

 

Fallo Corte Suprema PDF (admite amparo)

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Fallo Cámara Giustiniani v. YPF 2daa instancia

Caso Garrido v. YPF  Manuel Garrido v YPF
Según Nota en La Nación

El ministro de Justicia, price
Germán Garavano, physician adelantó la semana pasada que se preparaba un paquete de ocho leyes “urgentes” en materia penal. Entre ellas, help planteó la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal y la formación de un equipo de 10 jueces especializados en el crimen organizado. Además, se prevé modificar la ley de Ministerio Público. Hasta anoche no estaba definido si hoy los anunciará el propio Macri. Sí hablará de la lucha contra el narcotráfico. En materia política, el Gobierno pretende avanzar con la instrumentación de la boleta única electrónica y una ley de acceso a la información.

Según Nota en La Nación

El ministro de Justicia, search
Germán Garavano, rx
adelantó la semana pasada que se preparaba un paquete de ocho leyes “urgentes” en materia penal. Entre ellas, medications
planteó la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal y la formación de un equipo de 10 jueces especializados en el crimen organizado. Además, se prevé modificar la ley de Ministerio Público. Hasta anoche no estaba definido si hoy los anunciará el propio Macri. Sí hablará de la lucha contra el narcotráfico. En materia política, el Gobierno pretende avanzar con la instrumentación de la boleta única electrónica y una ley de acceso a la información.

FUENTE: CIJ

Este martes, ed la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén (causa “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo por mora”).

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

 

Fallo Corte Suprema PDF (admite amparo)

Dictamen P.G.N.  PDF (nulidad del proceso por falta de participación de Chevron)

Fallo Cámara de Apelaciones (niega acceso por considerar que hay secretos industriales) giustiniani 2da insta rechazo

Fallo Cámara Giustiniani v. YPF 2daa instancia

Caso Garrido v. YPF  Manuel Garrido v YPF
Según Nota en La Nación

El ministro de Justicia, price
Germán Garavano, physician adelantó la semana pasada que se preparaba un paquete de ocho leyes “urgentes” en materia penal. Entre ellas, help planteó la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal y la formación de un equipo de 10 jueces especializados en el crimen organizado. Además, se prevé modificar la ley de Ministerio Público. Hasta anoche no estaba definido si hoy los anunciará el propio Macri. Sí hablará de la lucha contra el narcotráfico. En materia política, el Gobierno pretende avanzar con la instrumentación de la boleta única electrónica y una ley de acceso a la información.

Según Nota en La Nación

El ministro de Justicia, search
Germán Garavano, rx
adelantó la semana pasada que se preparaba un paquete de ocho leyes “urgentes” en materia penal. Entre ellas, medications
planteó la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal y la formación de un equipo de 10 jueces especializados en el crimen organizado. Además, se prevé modificar la ley de Ministerio Público. Hasta anoche no estaba definido si hoy los anunciará el propio Macri. Sí hablará de la lucha contra el narcotráfico. En materia política, el Gobierno pretende avanzar con la instrumentación de la boleta única electrónica y una ley de acceso a la información.

Fuente:Argentina – TN (Online) – Ultimo momento

En un escrito de 40 páginas presentado en la Justicia lo alerta de los posibles daños y perjuicios a la empresa. La jueza no le permitió todavía al legislador acceder a lo presentado por la petrolera.

La difusión del contrato de YPF Chevron ingresa en un terreno más conflictivo. En un escrito de 40 páginas presentado por los abogados de la compañía (el estudio Nicholson y Cano) a la Justicia, ambulance
amenazó al legislador socialista Rubén Giustiniani con iniciarle acciones legales en caso de que difunda información confidencial para la empresa, resuscitator
según confirmaron a TN.com.ar fuentes cercanas a la causa.Los abogados de Giustiniani, ambulance
del estudio Caplan, se llevaron hoy otra sorpresa en la causa judicial en la que la Corte Suprema ordenó en noviembre de 2015 la difusión del polémico contrato petrolero. La jueza del tribunal en lo Contencioso Administrativo Número 7, María Cristina Carrión de Lorenzo, donde se inició la demanda y que tiene que ejecutar la sentencia del máximo tribunal corrió traslado al demandante para que analice las 40 hojas del escrito presentado por los abogados de YPF. En el mismo, la empresa pidió que se proteja información que considera `secreto industrial`, amparándose en el artículo 16, inciso c, del decreto 1172 de 2003 de acceso a la información pública. Y de lo contrario, según las fuentes judiciales que accedieron al escrito, hacen responsable a Giustiniani de los daños y perjuicios para la compañía si divulga la información sensible. Con la decisión de la jueza de correr el traslado, YPF gana más días y estira la decisión de la Corte Suprema que implica divulgar un contrato con cláusulas polémicas por parte de la empresa estatal. La firma perdió con su argumento de que es una sociedad anónima privada, que sólo tiene al Estado como accionista, y que por lo tanto la difusión del contrato con Chevron sería develar un trato entre privados. Giustiniani ganó la demanda sobre la base de que YPF es una empresa pública que tiene que informar sus actos a los ciudadanos. Los abogados de Giustiniani tienen ahora cinco días para analizar el escrito de YPF y responder. La estrategia es pedir la acción de la justicia penal ya que consideran que se está desobedeciendo un fallo del máximo tribunal del país, la Corte Suprema. Unos vez presentado este escrito, la jueza Carrión de Lorenzo tendrá otros tres para resolver una disputa que ya ingresó en el terreno de lo procesal legal y que promete tomar temperatura.

Giustiniani luego de que YPF SA (Fallo Corte Suprema)

En el año 2015 la Corte Suprema dictó uno de los tantos fallos favorables al derecho al acceso a la información pública, drugs page en el cual dijo que el Contrato entre YPF y Chevron era público y que el derecho de acceso a la información pública se aplicaba a YPF… Lo único que decidió la Corte Suprema era que el DAIP se aplicaba a una empresa estatal (primer caso de la CSJN en decir eso…). Pero ahora queda debatir si cada una de las cláusulas tachadas, borradas o reservadas son o no públicas… De vuelta hasta la Corte?

 

 

La nota de la Nación del día de hoy dice

El contrato que YPF firmó con Chevron para la explotación conjunta del yacimiento neuquino de Vaca Muerta sigue siendo un secreto. A pesar del fallo de la Corte Suprema que obliga a la empresa estatizada aentregarle una copia al socialista Rubén Giustiniani y que los plazos legales están vencidos, el ex senador santafesino denunció hoy que  la firma intenta “mantener en secreto las clausulas del contrato”. 

“En el día de hoy a las 10,30 hs nos presentamos en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo N° 7 de la Dra. María Cristina Carrión de Lorenzo para buscar copia del contrato YPF-Chevron, tal lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, relató.

“La copia certificada que YPF dejó en poder de la Jueza en sobre cerrado y sellado en su versión original (inglés) con una traducción al español no nos fue entregada”, denunció el diputado provincial.

Giustiniani explicó que la juez los notificó sobre un escrito presentado por YPF junto con la copia del contrato en la que se aclara que la copia entregada “se encuentra testado en aquellas ‘cláusulas confidenciales ostensibles”. Además, contó que le pidieron a la magistrada su “reserva en la caja fuerte del Juzgado”.

“YPF, cuando presentó una copia del contrato, presentó también un escrito, la jueza se tomó los tres dias habiles para resolver y lo unico que hizo, fue correrme traslado, la estrategia de YPF es volver a discutir lo que ya se discutió“, ahondó en diálogo con Clarín el exsenador.

Asimismo, contó que la propia empresa reconoce en el escrito que“tacharon lo que consideran confidencial” por lo tanto estarían incumpliendo el fallo de la Corte. “El fallo decía una copia fiel, lo que dejaron no lo es, ellos mismos reconocen que no es”, dijo.

Ahora Giustiniani tiene cinco días para contestar el escrito. ” Lo vamos a hacer más rapido, pero si ya espere con paciencia tres años, voy a esperar tranquilo unos días más“, confirmó el socialista. “Esta discusión ellos ya la perdieron“, concluyó.

Tras la denuncia de Giustiniani, la empresa emitió un comunicado en el que ratifica que “cumplió con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y entregó en tiempo y forma a la titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 una copia, en sobre cerrado, del contrato suscripto con Chevron”.

“Presentó, además, un extenso escrito en el que solicitó a la jueza que adopte las medidas necesarias para que, en el marco del cumplimiento de la sentencia del máximo tribunal, se preserve la divulgación pública de información de carácter confidencial que posee un alto valor geológico, comercial, técnico o industrial, cuyo conocimiento por terceros competidores o futuros socios en la explotación del yacimiento Vaca Muerta pudiera redundar en graves perjuicios para el interés general”, señaló.

YPF explicó que el carácter confidencial de los contratos es de “práctica habitual en la industria petrolera” y “forma parte de todos los contratos comerciales que cualquier compañía petrolera firma en el curso normal de sus operaciones”. Es por ello que reclamó que se le garanticen condiciones operativas similares a las de sus competidores.

“Cualquier asimetría en el manejo de la información comercial o industrial supondrá una desventaja competitiva para la empresa, dado que implicará una merma en su poder de negociación frente a terceros y constituirá un factor que desalentará a terceras empresas a asociarse con YPF bajo términos confidenciales”, sostuvieron.

Aunque el exsenador marcó que la copia del contrato entregada en el juezgado tiene “tachones”, la petrolera expresó “firme voluntad de cumplir con lo dispuesto por el decreto de acceso a la información pública sin perjuicio de recurrir a las protecciones previstas en la propia norma en materia de cuestiones industriales, comerciales, financieras y técnicas”.
En el año 2015 la Corte Suprema dictó uno de los tantos fallos favorables al derecho al acceso a la información pública, page en el cual dijo que el Contrato entre YPF y Chevron era público y que el derecho de acceso a la información pública se aplicaba a YPF… Lo único que decidió la Corte Suprema era que el DAIP se aplicaba a una empresa estatal (primer caso de la CSJN en decir eso…). Pero ahora queda debatir si cada una de las cláusulas tachadas, borradas o reservadas son o no públicas… De vuelta hasta la Corte?

 

 

La nota de la Nación del día de hoy dice

El contrato que YPF firmó con Chevron para la explotación conjunta del yacimiento neuquino de Vaca Muerta sigue siendo un secreto. A pesar del fallo de la Corte Suprema que obliga a la empresa estatizada aentregarle una copia al socialista Rubén Giustiniani y que los plazos legales están vencidos, el ex senador santafesino denunció hoy que  la firma intenta “mantener en secreto las clausulas del contrato”. 

“En el día de hoy a las 10,30 hs nos presentamos en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo N° 7 de la Dra. María Cristina Carrión de Lorenzo para buscar copia del contrato YPF-Chevron, tal lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, relató.

“La copia certificada que YPF dejó en poder de la Jueza en sobre cerrado y sellado en su versión original (inglés) con una traducción al español no nos fue entregada”, denunció el diputado provincial.

Giustiniani explicó que la juez los notificó sobre un escrito presentado por YPF junto con la copia del contrato en la que se aclara que la copia entregada “se encuentra testado en aquellas ‘cláusulas confidenciales ostensibles”. Además, contó que le pidieron a la magistrada su “reserva en la caja fuerte del Juzgado”.

“YPF, cuando presentó una copia del contrato, presentó también un escrito, la jueza se tomó los tres dias habiles para resolver y lo unico que hizo, fue correrme traslado, la estrategia de YPF es volver a discutir lo que ya se discutió“, ahondó en diálogo con Clarín el exsenador.

Asimismo, contó que la propia empresa reconoce en el escrito que“tacharon lo que consideran confidencial” por lo tanto estarían incumpliendo el fallo de la Corte. “El fallo decía una copia fiel, lo que dejaron no lo es, ellos mismos reconocen que no es”, dijo.

Ahora Giustiniani tiene cinco días para contestar el escrito. ” Lo vamos a hacer más rapido, pero si ya espere con paciencia tres años, voy a esperar tranquilo unos días más“, confirmó el socialista. “Esta discusión ellos ya la perdieron“, concluyó.

Tras la denuncia de Giustiniani, la empresa emitió un comunicado en el que ratifica que “cumplió con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y entregó en tiempo y forma a la titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 una copia, en sobre cerrado, del contrato suscripto con Chevron”.

“Presentó, además, un extenso escrito en el que solicitó a la jueza que adopte las medidas necesarias para que, en el marco del cumplimiento de la sentencia del máximo tribunal, se preserve la divulgación pública de información de carácter confidencial que posee un alto valor geológico, comercial, técnico o industrial, cuyo conocimiento por terceros competidores o futuros socios en la explotación del yacimiento Vaca Muerta pudiera redundar en graves perjuicios para el interés general”, señaló.

YPF explicó que el carácter confidencial de los contratos es de “práctica habitual en la industria petrolera” y “forma parte de todos los contratos comerciales que cualquier compañía petrolera firma en el curso normal de sus operaciones”. Es por ello que reclamó que se le garanticen condiciones operativas similares a las de sus competidores.

“Cualquier asimetría en el manejo de la información comercial o industrial supondrá una desventaja competitiva para la empresa, dado que implicará una merma en su poder de negociación frente a terceros y constituirá un factor que desalentará a terceras empresas a asociarse con YPF bajo términos confidenciales”, sostuvieron.

Aunque el exsenador marcó que la copia del contrato entregada en el juezgado tiene “tachones”, la petrolera expresó “firme voluntad de cumplir con lo dispuesto por el decreto de acceso a la información pública sin perjuicio de recurrir a las protecciones previstas en la propia norma en materia de cuestiones industriales, comerciales, financieras y técnicas”.
FUENTE: CIJ

Este martes, order
la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, mind
en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén (causa “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo por mora”).

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

 

Fallo Corte Suprema PDF (admite amparo)

Dictamen P.G.N.  PDF (nulidad del proceso por falta de participación de Chevron)

Fallo Cámara de Apelaciones (niega acceso por considerar que hay secretos industriales) giustiniani 2da insta rechazo

Fallo Cámara Giustiniani v. YPF 2daa instancia

Caso Garrido v. YPF  Manuel Garrido v YPF

Presidencia se niega a informar los sueldos de Cristina Kirchner y sus ministros

Según una nota del diario PERFIL, case “la promesa de mejorar la calidad institucional, physician una de las banderas de campaña de Cristina Fernández de Kirchner, medstore se esfuma cada vez más. Sin explicaciones y de manera abrupta, el Gobierno bloqueó el sitio Mejor Democracia, destinado a brindar información pública y su URL fue redireccionada a la web de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde puede verse la cara sonriente de Aníbal Fernández”.

La nota dice expresamente que

Mejor Democracia es (o era) una página que depende técnicamente de la Subsecretaría de Tecnología de Gestión, a cargo de Eduardo Thill, quien ingresó de la mano del actual jefe de Gabinete en reemplazo del albertista Nicolás Trotta quien, según fuentes confiables, fue apartado de su cargo “por un tema político”. En cuanto a los contenidos, la web es dirigida por Marta Oyhanarte.

Lo cierto es que los empleados del área se desayunaron con la noticia el lunes. El bloqueo del sitio se debería a una “redefinición de políticas administrativas y de publicación de contenidos” para todas las páginas de la Jefatura, argumentaron. Sin embargo, hacía tiempo que el sitio no se actualizaba. Los usuarios advirtieron que hacía por lo menos 20 días que no contaba con nueva información. Desde Mejor Democraciacalificaron de “sorpresiva” la medida y señalaron que desean que pronto se restituya el servicio.

Una fuente que conoce como pocos la interna dentro del sector de la jefatura de Gabiente aseguró a este portal que Thill “tiene de facto el área de sistemas bajo su órbita” y es el único que puede “bloquear” el sitio. “Marta está en una situación muy compleja porque la página era una de sus banderas”, comentó. Perfil.com intentó comunicarse con Thill, pero estaba de viaje, esgrimieron en su despacho.

La reacción de las ONG’s. El bloqueo de Mejor Democracia trajo malestar y críticas en las ONG’s, que encontraban en él no sólo una fuente de información fidedigna, sino también un soporte para instalar conciencia en torno al derecho de acceso a la información pública a través del decreto 1173, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner. Allí, además de encontrar datos valiosos, también había instructivos sobre cómo hacer un correcto pedido de información y un directorio que decía a qué funcionarios del Ejecutivo Nacional debían dirigirse las solicitudes para que no sean rebotadas. Eso, desde el lunes, desapareció.

Emelina Alonso, abogada del área de acceso a la información de la Asociación por los derechos civiles (ADC) confirmó que utilizan Mejor Democracia y que evalúan, junto a otras organizaciones, hacer un pedido de audiencia al Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para consultar los motivos del bloqueo del servicio. “Si no se reincorpora, significaría una regresión en cuanto al acceso a la información pública”, sentenció a este medio.

En ese sentido, Eugenia Braguinsky, Coordinadora del Programa de Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), manifestó a Perfil.com que el cierre de la página “es grave” y “significa un retroceso en términos de acceso a la información pública”, más en este contexto, en el que no hay explicación, ni una política alternativa. “La gente de la subsecretaria no sabe por qué se bloqueó”, se lamentó y agregó “frente a un administración ausente, el derecho al acceso a la información es un derecho humano esencial”.

(*) Editor de Perfil.com (**) redactor de Perfil.com

FUENTE

http://www.perfil.com/politica/El-polemico-bloqueo-a-la-pagina-de-Informacion-Publica–20091009-0017.html

 

 
Según una nota del diario PERFIL, viagra sale “la promesa de mejorar la calidad institucional, ask una de las banderas de campaña de Cristina Fernández de Kirchner, se esfuma cada vez más. Sin explicaciones y de manera abrupta, el Gobierno bloqueó el sitio Mejor Democracia, destinado a brindar información pública y su URL fue redireccionada a la web de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde puede verse la cara sonriente de Aníbal Fernández”.

La nota dice expresamente que

Mejor Democracia es (o era) una página que depende técnicamente de la Subsecretaría de Tecnología de Gestión, a cargo de Eduardo Thill, quien ingresó de la mano del actual jefe de Gabinete en reemplazo del albertista Nicolás Trotta quien, según fuentes confiables, fue apartado de su cargo “por un tema político”. En cuanto a los contenidos, la web es dirigida por Marta Oyhanarte.

Lo cierto es que los empleados del área se desayunaron con la noticia el lunes. El bloqueo del sitio se debería a una “redefinición de políticas administrativas y de publicación de contenidos” para todas las páginas de la Jefatura, argumentaron. Sin embargo, hacía tiempo que el sitio no se actualizaba. Los usuarios advirtieron que hacía por lo menos 20 días que no contaba con nueva información. Desde Mejor Democraciacalificaron de “sorpresiva” la medida y señalaron que desean que pronto se restituya el servicio.

Una fuente que conoce como pocos la interna dentro del sector de la jefatura de Gabiente aseguró a este portal que Thill “tiene de facto el área de sistemas bajo su órbita” y es el único que puede “bloquear” el sitio. “Marta está en una situación muy compleja porque la página era una de sus banderas”, comentó. Perfil.com intentó comunicarse con Thill, pero estaba de viaje, esgrimieron en su despacho.

La reacción de las ONG’s. El bloqueo de Mejor Democracia trajo malestar y críticas en las ONG’s, que encontraban en él no sólo una fuente de información fidedigna, sino también un soporte para instalar conciencia en torno al derecho de acceso a la información pública a través del decreto 1173, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner. Allí, además de encontrar datos valiosos, también había instructivos sobre cómo hacer un correcto pedido de información y un directorio que decía a qué funcionarios del Ejecutivo Nacional debían dirigirse las solicitudes para que no sean rebotadas. Eso, desde el lunes, desapareció.

Emelina Alonso, abogada del área de acceso a la información de la Asociación por los derechos civiles (ADC) confirmó que utilizan Mejor Democracia y que evalúan, junto a otras organizaciones, hacer un pedido de audiencia al Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para consultar los motivos del bloqueo del servicio. “Si no se reincorpora, significaría una regresión en cuanto al acceso a la información pública”, sentenció a este medio.

En ese sentido, Eugenia Braguinsky, Coordinadora del Programa de Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), manifestó a Perfil.com que el cierre de la página “es grave” y “significa un retroceso en términos de acceso a la información pública”, más en este contexto, en el que no hay explicación, ni una política alternativa. “La gente de la subsecretaria no sabe por qué se bloqueó”, se lamentó y agregó “frente a un administración ausente, el derecho al acceso a la información es un derecho humano esencial”.

(*) Editor de Perfil.com (**) redactor de Perfil.com

FUENTE

http://www.perfil.com/politica/El-polemico-bloqueo-a-la-pagina-de-Informacion-Publica–20091009-0017.html

 

 
Según una nota del diario PERFIL, viagra sale “la promesa de mejorar la calidad institucional, ask una de las banderas de campaña de Cristina Fernández de Kirchner, se esfuma cada vez más. Sin explicaciones y de manera abrupta, el Gobierno bloqueó el sitio Mejor Democracia, destinado a brindar información pública y su URL fue redireccionada a la web de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde puede verse la cara sonriente de Aníbal Fernández”.

La nota dice expresamente que

Mejor Democracia es (o era) una página que depende técnicamente de la Subsecretaría de Tecnología de Gestión, a cargo de Eduardo Thill, quien ingresó de la mano del actual jefe de Gabinete en reemplazo del albertista Nicolás Trotta quien, según fuentes confiables, fue apartado de su cargo “por un tema político”. En cuanto a los contenidos, la web es dirigida por Marta Oyhanarte.

Lo cierto es que los empleados del área se desayunaron con la noticia el lunes. El bloqueo del sitio se debería a una “redefinición de políticas administrativas y de publicación de contenidos” para todas las páginas de la Jefatura, argumentaron. Sin embargo, hacía tiempo que el sitio no se actualizaba. Los usuarios advirtieron que hacía por lo menos 20 días que no contaba con nueva información. Desde Mejor Democraciacalificaron de “sorpresiva” la medida y señalaron que desean que pronto se restituya el servicio.

Una fuente que conoce como pocos la interna dentro del sector de la jefatura de Gabiente aseguró a este portal que Thill “tiene de facto el área de sistemas bajo su órbita” y es el único que puede “bloquear” el sitio. “Marta está en una situación muy compleja porque la página era una de sus banderas”, comentó. Perfil.com intentó comunicarse con Thill, pero estaba de viaje, esgrimieron en su despacho.

La reacción de las ONG’s. El bloqueo de Mejor Democracia trajo malestar y críticas en las ONG’s, que encontraban en él no sólo una fuente de información fidedigna, sino también un soporte para instalar conciencia en torno al derecho de acceso a la información pública a través del decreto 1173, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner. Allí, además de encontrar datos valiosos, también había instructivos sobre cómo hacer un correcto pedido de información y un directorio que decía a qué funcionarios del Ejecutivo Nacional debían dirigirse las solicitudes para que no sean rebotadas. Eso, desde el lunes, desapareció.

Emelina Alonso, abogada del área de acceso a la información de la Asociación por los derechos civiles (ADC) confirmó que utilizan Mejor Democracia y que evalúan, junto a otras organizaciones, hacer un pedido de audiencia al Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para consultar los motivos del bloqueo del servicio. “Si no se reincorpora, significaría una regresión en cuanto al acceso a la información pública”, sentenció a este medio.

En ese sentido, Eugenia Braguinsky, Coordinadora del Programa de Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), manifestó a Perfil.com que el cierre de la página “es grave” y “significa un retroceso en términos de acceso a la información pública”, más en este contexto, en el que no hay explicación, ni una política alternativa. “La gente de la subsecretaria no sabe por qué se bloqueó”, se lamentó y agregó “frente a un administración ausente, el derecho al acceso a la información es un derecho humano esencial”.

(*) Editor de Perfil.com (**) redactor de Perfil.com

FUENTE

http://www.perfil.com/politica/El-polemico-bloqueo-a-la-pagina-de-Informacion-Publica–20091009-0017.html

 

 

LA NACION hizo un pedido de información pública, no rx pero Casa Rosada alegó que son datos “personales y de carácter sensible”

 

Según una nota publicada en LA NACION,

Gobierno se niega a informar el sueldo que perciben la presidenta Cristina Kirchner y los ministros del Gabinete. Desde diciembre de 2012, no se conoce cuáles son los haberes que percibe la jefa del Estado por su cargo. Presidencia alegó que se trata de datos “personales y de carácter sensible”.

Al filo de las negociaciones paritarias en los sectores más importantes de la economía, no se conoce oficialmente cuál es el ingreso que perciben los funcionarios, ni cuáles son los aumentos que gozaron en el último año.

“Desde diciembre de 2012, no se conoce cuáles son los haberes que percibe la jefa del Estado por su cargo”. Dos años más tarde, desde Casa Rosada decidieron negar la información de los haberes de los funcionarios. “Se le informa que los salarios se consideran información referida a datos personales de carácter sensible, conforme a la Ley 25.326 y a los dictámenes de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (Dnpdp) N° 37/08 y 1/13”, respondió Casa Rosada en un escrito firmado por la directora general de Programa de Gobierno, la doctora Alicia Alonso.

El pretexto

Presidencia se escudó en la ley que regula “la protección integral de los datos personales para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas”.

Según un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la excusa sobre los “datos personales” fue la más utilizada por el Gobierno en los últimos dos años para negar información pública. “Lo que hace la Casa Rosada es una lectura incorrecta. Utiliza la ley de datos personales para negar ilegítimamente el acceso a información pública, en este caso de enorme relevancia, debido a que se trata del sueldo que percibe el jefe de Estado”, consideró Ramiro Álvarez Ugarte, abogado de ADC.

La última información disponible

Desde hace más de un año, Presidencia bloquea la información sobre su sueldo. En noviembre de 2012, Parrilli difundió en una planilla de Excel los sueldos que Cristina Kirchner cobró a lo largo de ese año, mes por mes: en diciembre de 2012 había percibido $39.713 de bolsillo y $64.158 brutos.

n cambio, los datos públicos sobre los haberes del gabinete están mucho más desactualizados. Habían sido difundidos en la web en enero de 2012, por orden de la jefa del Estado. Cumplidos más de dos años, esa planilla nunca fue renovada. Esta semana, ante el nuevo pedido formal, se rechazó brindar la información en incumplimiento al decreto de transparencia que firmó el ex presidente Néstor Kirchner en 2003.

Contrastes

El Gobierno se niega a difundir los sueldos del Gabinete, pero, en paralelo, la nueva ley de declaraciones juradas obliga a los funcionarios públicos a declarar ante la Oficina Anticorrupción sobre sus ingresos anuales “por trabajo, alquileres y otras rentas”.

En tanto, la falta de información sobre los ingresos que percibe Cristina Kirchner contrasta con las políticas que se mantienen en otros países de la región. En Brasil se pueden consultar los sueldos en Internet , al igual que en Chile.

También se diferencia de la información que ofrece el Congreso. Tal como informó LA NACION, los actuales haberes de los diputados ascienden a $50.000. El gobierno porteño, por su parte, difunde los sueldos de los funcionarios de la ciudad en el sitioBuenos Aires Data, una iniciativa denominada de “gobierno abierto”. Según las planillas últimas publicadas en ese portal, los ministros porteños cobran entre casi $28.000 y $34.000.