Resolución 5-E/2018 de la AAIP

Hoy se publica en el BO una norma de la AAIP sobre el procedimiento para evitar conflictos entre pedidos de acceso a la información pública y datos personales.

Texto completo de la norma

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución 5-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2018

VISTO el EX-2018-02813107-APN-AAIP, la Ley N° 27.275, la Ley N° 25.326, el Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001, el Decreto Nº 206 del 27 de marzo de 2017, el Decreto Nº 746 del 25 de septiembre de 2017 y el Decreto Nº 899 del 3 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275, tiene por objeto “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública en Argentina” (artículo 1°).

Que dicha norma creó la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros con el objeto de “velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la [Ley N° 27.275] garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326” (artículo 19 de la Ley N° 27.275, modificatorios y complementarios).

Que la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 tiene por objeto “la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional” (artículo 1°).

Que el Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001, reglamentario de la Ley N° 25.326, creó la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ASUNTOS LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, como órgano de control de la mencionada ley (Anexo I, artículo 29).

Que el Decreto N°899 del 3 de noviembre de 2017 sustituyó el artículo 29 del Anexo I del Decreto Nº 1558/01, estableciendo que “la Agencia de Acceso a la Información Pública, conforme los términos del artículo 19 de la Ley N° 27.275, sustituido por el artículo 11 del Decreto N° 746/17, es el órgano de control de la Ley Nº 25.326” (artículo 1°).

Que dada la relevancia de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, es indispensable establecer un diseño institucional suficiente para garantizar su protección y ejercicio de manera adecuada.

Que para ello es necesario constituir instituciones dotadas de garantías de independencia para el cumplimiento de sus obligaciones de control.

Que existen en el mundo numerosas experiencias en el derecho comparado como las de Australia, Alemania, México y el Reino Unido, entre otras, que diseñaron oficinas que concentran el control, tanto del acceso a la información pública como de la protección de datos personales, en un solo organismo.

Que a modo de ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México tiene entre sus objetivos principales el de Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. (disponible en http://inicio.inai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx, última fecha de consulta 12/1/2018).

Que teniendo presente que el principio general que rige es la presunción de publicidad de la información en poder de los organismos públicos, es dable recordar que las normas que legislan la materia deben tener un régimen limitado de excepciones basadas en la protección de otros derechos o intereses, en las que se pueden identificar a aquellas en virtud de la protección de un interés general superior – ejemplo: Seguridad nacional- o la protección de particulares y su intimidad.

Que en este sentido la Ley N° 27.275 prevé como una de las limitaciones al acceso a la información pública a aquella información que “contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias” (artículo 8°, inciso i).

Que su decreto reglamentario estableció, en lo que respecta al inciso i), que “la excepción será inaplicable cuando el titular del dato haya prestado consentimiento para su divulgación; o cuando de las circunstancias del caso pueda presumirse que la información fue entregada por su titular al sujeto obligado con conocimiento de que la misma estaría sujeta al régimen de publicidad de la gestión estatal; o cuando los datos estén relacionados con las funciones de los funcionarios públicos. Asimismo, los sujetos obligados no podrán invocar esta excepción si el daño causado al interés protegido es menor al interés público de obtener la información” (artículo 8°, inciso i) del Anexo I del Decreto N° 206 del 27 de marzo de 2017).

Que por lo tanto los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales deben ser ejercidos y protegidos de manera armónica.

Que en caso que exista conflicto entre ambos derechos deben aplicarse criterios de proporcionalidad para garantizar y proteger a cada uno de dichos derechos basados en el interés que los justifica (Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información en Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos).

Que para resolver en esos casos y determinar el interés superior a ser protegido debe existir una autoridad en el ámbito de la Administración Pública que resuelva de manera fundada y motivada.

Que como ha dicho la Red Iberoamericana de Protección de Datos “no existe a priori una verdadera colisión, pugna, o conflicto, por lo que no debiera dirigirse la tensión a una realidad iusfilosófica previa, sino más bien, es necesario que las autoridades administrativas competentes, … resuelvan de manera armónica ad casum de la cuestión” (Red IPD, El acceso a la información pública y la protección de los datos personales, México, 4 de noviembre de 2005, disponible en http://www.redipd.es/actividades/encuentros/IV/common/mexico_acceso_definitivo.pdf).

Que el actual diseño institucional de la Agencia de Acceso a la Información se ajusta a estándares internacionales, cumpliendo con las garantías de independencia y autonomía del organismo para el desarrollo de sus obligaciones.

Que, asimismo, a través de la Decisión Administrativa N° 1002 del 15 de noviembre de 2017 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel, quedando la Agencia de Acceso a la Información Pública conformada por 3 Direcciones: Dirección de Acceso a la Información Pública, Dirección de Protección de Datos Personales y Dirección de Informática e Innovación, siendo las dos primeras Direcciones Nacionales de igual jerarquía.

Que en concordancia con este diseño institucional es indispensable contar con reglas para establecer los mecanismos a implementar ante una posible colisión de derechos, a efectos de llevar adelante una correcta ponderación y protección de ellos.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS Y ADMINISTRACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete, en los términos del artículo 6° de la Decisión Administrativa N° 1002 del 15 de noviembre de 2017.

Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ha tomado debida intervención.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 19 y 24 de la Ley N° 27.275, modificatorios y complementarios.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese como procedimiento interno de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, la obligatoriedad de la intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DATOS PERSONALES, dependiente de la misma, en los reclamos por incumplimiento previstos en la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, que afecten o potencialmente puedan afectar la protección de datos personales, con la finalidad de que esa Dirección emita un informe respecto al caso particular, el que será incorporado al Expediente Electrónico generado.

ARTÍCULO 2º.- Establécese como procedimiento interno de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, la obligatoriedad de la intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, dependiente de la misma, en las actuaciones vinculadas a la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, cuando las mismas pudiesen constituir solicitudes de información pública, con la finalidad de que esa Dirección emita un informe respecto al caso particular, el que será incorporado al Expediente Electrónico generado.

ARTÍCULO 3º.- En caso de controversia total o parcial entre los informes producidos como consecuencia de las intervenciones referidas en los artículos precedentes, el Director de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA deberá resolver de manera fundada, debiendo especificar las razones que motivaron la adopción o apartamiento de los informes previamente producidos por las Direcciones Nacionales de cada temática.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Eduardo Andrés Bertoni.

e. 05/02/2018 N° 6202/18 v. 05/02/2018

Fecha de publicación 05/02/2018

Presidencia se niega a informar los sueldos de Cristina Kirchner y sus ministros

Según una nota del diario PERFIL, case “la promesa de mejorar la calidad institucional, physician una de las banderas de campaña de Cristina Fernández de Kirchner, medstore se esfuma cada vez más. Sin explicaciones y de manera abrupta, el Gobierno bloqueó el sitio Mejor Democracia, destinado a brindar información pública y su URL fue redireccionada a la web de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde puede verse la cara sonriente de Aníbal Fernández”.

La nota dice expresamente que

Mejor Democracia es (o era) una página que depende técnicamente de la Subsecretaría de Tecnología de Gestión, a cargo de Eduardo Thill, quien ingresó de la mano del actual jefe de Gabinete en reemplazo del albertista Nicolás Trotta quien, según fuentes confiables, fue apartado de su cargo “por un tema político”. En cuanto a los contenidos, la web es dirigida por Marta Oyhanarte.

Lo cierto es que los empleados del área se desayunaron con la noticia el lunes. El bloqueo del sitio se debería a una “redefinición de políticas administrativas y de publicación de contenidos” para todas las páginas de la Jefatura, argumentaron. Sin embargo, hacía tiempo que el sitio no se actualizaba. Los usuarios advirtieron que hacía por lo menos 20 días que no contaba con nueva información. Desde Mejor Democraciacalificaron de “sorpresiva” la medida y señalaron que desean que pronto se restituya el servicio.

Una fuente que conoce como pocos la interna dentro del sector de la jefatura de Gabiente aseguró a este portal que Thill “tiene de facto el área de sistemas bajo su órbita” y es el único que puede “bloquear” el sitio. “Marta está en una situación muy compleja porque la página era una de sus banderas”, comentó. Perfil.com intentó comunicarse con Thill, pero estaba de viaje, esgrimieron en su despacho.

La reacción de las ONG’s. El bloqueo de Mejor Democracia trajo malestar y críticas en las ONG’s, que encontraban en él no sólo una fuente de información fidedigna, sino también un soporte para instalar conciencia en torno al derecho de acceso a la información pública a través del decreto 1173, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner. Allí, además de encontrar datos valiosos, también había instructivos sobre cómo hacer un correcto pedido de información y un directorio que decía a qué funcionarios del Ejecutivo Nacional debían dirigirse las solicitudes para que no sean rebotadas. Eso, desde el lunes, desapareció.

Emelina Alonso, abogada del área de acceso a la información de la Asociación por los derechos civiles (ADC) confirmó que utilizan Mejor Democracia y que evalúan, junto a otras organizaciones, hacer un pedido de audiencia al Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para consultar los motivos del bloqueo del servicio. “Si no se reincorpora, significaría una regresión en cuanto al acceso a la información pública”, sentenció a este medio.

En ese sentido, Eugenia Braguinsky, Coordinadora del Programa de Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), manifestó a Perfil.com que el cierre de la página “es grave” y “significa un retroceso en términos de acceso a la información pública”, más en este contexto, en el que no hay explicación, ni una política alternativa. “La gente de la subsecretaria no sabe por qué se bloqueó”, se lamentó y agregó “frente a un administración ausente, el derecho al acceso a la información es un derecho humano esencial”.

(*) Editor de Perfil.com (**) redactor de Perfil.com

FUENTE

http://www.perfil.com/politica/El-polemico-bloqueo-a-la-pagina-de-Informacion-Publica–20091009-0017.html

 

 
Según una nota del diario PERFIL, viagra sale “la promesa de mejorar la calidad institucional, ask una de las banderas de campaña de Cristina Fernández de Kirchner, se esfuma cada vez más. Sin explicaciones y de manera abrupta, el Gobierno bloqueó el sitio Mejor Democracia, destinado a brindar información pública y su URL fue redireccionada a la web de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde puede verse la cara sonriente de Aníbal Fernández”.

La nota dice expresamente que

Mejor Democracia es (o era) una página que depende técnicamente de la Subsecretaría de Tecnología de Gestión, a cargo de Eduardo Thill, quien ingresó de la mano del actual jefe de Gabinete en reemplazo del albertista Nicolás Trotta quien, según fuentes confiables, fue apartado de su cargo “por un tema político”. En cuanto a los contenidos, la web es dirigida por Marta Oyhanarte.

Lo cierto es que los empleados del área se desayunaron con la noticia el lunes. El bloqueo del sitio se debería a una “redefinición de políticas administrativas y de publicación de contenidos” para todas las páginas de la Jefatura, argumentaron. Sin embargo, hacía tiempo que el sitio no se actualizaba. Los usuarios advirtieron que hacía por lo menos 20 días que no contaba con nueva información. Desde Mejor Democraciacalificaron de “sorpresiva” la medida y señalaron que desean que pronto se restituya el servicio.

Una fuente que conoce como pocos la interna dentro del sector de la jefatura de Gabiente aseguró a este portal que Thill “tiene de facto el área de sistemas bajo su órbita” y es el único que puede “bloquear” el sitio. “Marta está en una situación muy compleja porque la página era una de sus banderas”, comentó. Perfil.com intentó comunicarse con Thill, pero estaba de viaje, esgrimieron en su despacho.

La reacción de las ONG’s. El bloqueo de Mejor Democracia trajo malestar y críticas en las ONG’s, que encontraban en él no sólo una fuente de información fidedigna, sino también un soporte para instalar conciencia en torno al derecho de acceso a la información pública a través del decreto 1173, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner. Allí, además de encontrar datos valiosos, también había instructivos sobre cómo hacer un correcto pedido de información y un directorio que decía a qué funcionarios del Ejecutivo Nacional debían dirigirse las solicitudes para que no sean rebotadas. Eso, desde el lunes, desapareció.

Emelina Alonso, abogada del área de acceso a la información de la Asociación por los derechos civiles (ADC) confirmó que utilizan Mejor Democracia y que evalúan, junto a otras organizaciones, hacer un pedido de audiencia al Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para consultar los motivos del bloqueo del servicio. “Si no se reincorpora, significaría una regresión en cuanto al acceso a la información pública”, sentenció a este medio.

En ese sentido, Eugenia Braguinsky, Coordinadora del Programa de Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), manifestó a Perfil.com que el cierre de la página “es grave” y “significa un retroceso en términos de acceso a la información pública”, más en este contexto, en el que no hay explicación, ni una política alternativa. “La gente de la subsecretaria no sabe por qué se bloqueó”, se lamentó y agregó “frente a un administración ausente, el derecho al acceso a la información es un derecho humano esencial”.

(*) Editor de Perfil.com (**) redactor de Perfil.com

FUENTE

http://www.perfil.com/politica/El-polemico-bloqueo-a-la-pagina-de-Informacion-Publica–20091009-0017.html

 

 
Según una nota del diario PERFIL, viagra sale “la promesa de mejorar la calidad institucional, ask una de las banderas de campaña de Cristina Fernández de Kirchner, se esfuma cada vez más. Sin explicaciones y de manera abrupta, el Gobierno bloqueó el sitio Mejor Democracia, destinado a brindar información pública y su URL fue redireccionada a la web de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde puede verse la cara sonriente de Aníbal Fernández”.

La nota dice expresamente que

Mejor Democracia es (o era) una página que depende técnicamente de la Subsecretaría de Tecnología de Gestión, a cargo de Eduardo Thill, quien ingresó de la mano del actual jefe de Gabinete en reemplazo del albertista Nicolás Trotta quien, según fuentes confiables, fue apartado de su cargo “por un tema político”. En cuanto a los contenidos, la web es dirigida por Marta Oyhanarte.

Lo cierto es que los empleados del área se desayunaron con la noticia el lunes. El bloqueo del sitio se debería a una “redefinición de políticas administrativas y de publicación de contenidos” para todas las páginas de la Jefatura, argumentaron. Sin embargo, hacía tiempo que el sitio no se actualizaba. Los usuarios advirtieron que hacía por lo menos 20 días que no contaba con nueva información. Desde Mejor Democraciacalificaron de “sorpresiva” la medida y señalaron que desean que pronto se restituya el servicio.

Una fuente que conoce como pocos la interna dentro del sector de la jefatura de Gabiente aseguró a este portal que Thill “tiene de facto el área de sistemas bajo su órbita” y es el único que puede “bloquear” el sitio. “Marta está en una situación muy compleja porque la página era una de sus banderas”, comentó. Perfil.com intentó comunicarse con Thill, pero estaba de viaje, esgrimieron en su despacho.

La reacción de las ONG’s. El bloqueo de Mejor Democracia trajo malestar y críticas en las ONG’s, que encontraban en él no sólo una fuente de información fidedigna, sino también un soporte para instalar conciencia en torno al derecho de acceso a la información pública a través del decreto 1173, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner. Allí, además de encontrar datos valiosos, también había instructivos sobre cómo hacer un correcto pedido de información y un directorio que decía a qué funcionarios del Ejecutivo Nacional debían dirigirse las solicitudes para que no sean rebotadas. Eso, desde el lunes, desapareció.

Emelina Alonso, abogada del área de acceso a la información de la Asociación por los derechos civiles (ADC) confirmó que utilizan Mejor Democracia y que evalúan, junto a otras organizaciones, hacer un pedido de audiencia al Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para consultar los motivos del bloqueo del servicio. “Si no se reincorpora, significaría una regresión en cuanto al acceso a la información pública”, sentenció a este medio.

En ese sentido, Eugenia Braguinsky, Coordinadora del Programa de Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), manifestó a Perfil.com que el cierre de la página “es grave” y “significa un retroceso en términos de acceso a la información pública”, más en este contexto, en el que no hay explicación, ni una política alternativa. “La gente de la subsecretaria no sabe por qué se bloqueó”, se lamentó y agregó “frente a un administración ausente, el derecho al acceso a la información es un derecho humano esencial”.

(*) Editor de Perfil.com (**) redactor de Perfil.com

FUENTE

http://www.perfil.com/politica/El-polemico-bloqueo-a-la-pagina-de-Informacion-Publica–20091009-0017.html

 

 

LA NACION hizo un pedido de información pública, no rx pero Casa Rosada alegó que son datos “personales y de carácter sensible”

 

Según una nota publicada en LA NACION,

Gobierno se niega a informar el sueldo que perciben la presidenta Cristina Kirchner y los ministros del Gabinete. Desde diciembre de 2012, no se conoce cuáles son los haberes que percibe la jefa del Estado por su cargo. Presidencia alegó que se trata de datos “personales y de carácter sensible”.

Al filo de las negociaciones paritarias en los sectores más importantes de la economía, no se conoce oficialmente cuál es el ingreso que perciben los funcionarios, ni cuáles son los aumentos que gozaron en el último año.

“Desde diciembre de 2012, no se conoce cuáles son los haberes que percibe la jefa del Estado por su cargo”. Dos años más tarde, desde Casa Rosada decidieron negar la información de los haberes de los funcionarios. “Se le informa que los salarios se consideran información referida a datos personales de carácter sensible, conforme a la Ley 25.326 y a los dictámenes de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (Dnpdp) N° 37/08 y 1/13”, respondió Casa Rosada en un escrito firmado por la directora general de Programa de Gobierno, la doctora Alicia Alonso.

El pretexto

Presidencia se escudó en la ley que regula “la protección integral de los datos personales para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas”.

Según un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la excusa sobre los “datos personales” fue la más utilizada por el Gobierno en los últimos dos años para negar información pública. “Lo que hace la Casa Rosada es una lectura incorrecta. Utiliza la ley de datos personales para negar ilegítimamente el acceso a información pública, en este caso de enorme relevancia, debido a que se trata del sueldo que percibe el jefe de Estado”, consideró Ramiro Álvarez Ugarte, abogado de ADC.

La última información disponible

Desde hace más de un año, Presidencia bloquea la información sobre su sueldo. En noviembre de 2012, Parrilli difundió en una planilla de Excel los sueldos que Cristina Kirchner cobró a lo largo de ese año, mes por mes: en diciembre de 2012 había percibido $39.713 de bolsillo y $64.158 brutos.

n cambio, los datos públicos sobre los haberes del gabinete están mucho más desactualizados. Habían sido difundidos en la web en enero de 2012, por orden de la jefa del Estado. Cumplidos más de dos años, esa planilla nunca fue renovada. Esta semana, ante el nuevo pedido formal, se rechazó brindar la información en incumplimiento al decreto de transparencia que firmó el ex presidente Néstor Kirchner en 2003.

Contrastes

El Gobierno se niega a difundir los sueldos del Gabinete, pero, en paralelo, la nueva ley de declaraciones juradas obliga a los funcionarios públicos a declarar ante la Oficina Anticorrupción sobre sus ingresos anuales “por trabajo, alquileres y otras rentas”.

En tanto, la falta de información sobre los ingresos que percibe Cristina Kirchner contrasta con las políticas que se mantienen en otros países de la región. En Brasil se pueden consultar los sueldos en Internet , al igual que en Chile.

También se diferencia de la información que ofrece el Congreso. Tal como informó LA NACION, los actuales haberes de los diputados ascienden a $50.000. El gobierno porteño, por su parte, difunde los sueldos de los funcionarios de la ciudad en el sitioBuenos Aires Data, una iniciativa denominada de “gobierno abierto”. Según las planillas últimas publicadas en ese portal, los ministros porteños cobran entre casi $28.000 y $34.000.